El homicida de María Socorro Dasilva ratificó en el juzgado la versión dada durante el registro de su casa de Riobóo, donde la mató. Pero lo justificó en un intento desesperado de que no le contase a su esposa que había contratado a una prostituta.
Ramón Fernández Álvarez, el imputado en el asesinato de una joven prostituta brasileña que ejercía en la ciudad, volvió ayer al Pazo de Xustiza de la ciudad para comparecer ante el juez de Instrucción 2, quien se hizo cargo de las diligencias previas aunque se inhibirá a favor del Juzgado de Ribadavia (partido judicial en donde se produjo el crimen). El principal encausado reconoció ser el autor de los tiros que acabaron con la vida de María Socorro Dasilva (26 años) ya que, según su declaración, ésta le pidió más dinero del acordado (150 euros). El imputado, quien mostró en varios momentos de la declaración sentirse arrepentido, sostiene que la joven le reclamó a mayores 400 euros para un ordenador cuando estaban en la bodega de la casa familiar y que de no entregarle esa cantidad se quedaría en la vivienda para contárselo a su esposa cuando regresase de trabajar. En ese momento, según la versión de Ramón Álvarez, se sintió ofuscado y le disparó cuando ella le retó a que no se atrevería.
En el momento en que sucedieron los hechos, el 10 de febrero, tanto la esposa como el hijo del inculpado no estaban en la casa de Riobóo (Cenlle), una circunstancia que ya fue inves tigada y confirmada por la policía.
Víctima y cliente, según consta en el sumario, pactaron un servicio por 100 euros, si bien este último le dijo que si mantenían relaciones sexuales en su propia casa se ahorrarían el dinero del motel, que también el entregaría. Álvarez, según confesó, no era la primera vez que se veía con María Socorro Dasilva.
En la comparecencia no estuvo el letrado que representa a la amiga de la fallecida, un joven brasileña con la que compartía piso en la ciudad. Esta solicitó al juez su personación como acusación particular pero le fue denegada por entender que no representa los intereses de la víctima. Podría hacerlo como acusación popular pero para ello debe prestar fianza.
Fernández quiere ayudar a la repatriación
El caso de la muerte María Socorro Dasilva, cuyo cadáver continúa después de 16 días en el Tanatorio de Santa Mariña (en las instalaciones cedidas al Imelga), ha despertado un aluvión de comentarios ciudadanos en la web de La Región, apelando a la sensibilidad ciudadana y de la clase política para conseguir los 8.000 euros necesarios para poder repatriar el cadáver a Brasil (el coste sería menor en caso de una incineración). La familia carece de recursos económicos para sufragar el traslado, de ahí que aún no haya reclamado el cuerpo sin vida de la joven. En los comentarios, entre otras alusio nes, se menciona la posibilidad de emprender una colecta popular o bien la opción de que sean el Gobierno español o la Embajada brasileña los que muevan ficha. Este diario intentó contactar con el subdelegado del Gobierno en Ourense, Camilo Ocampo, sin que fuera posible.
Venta de la casa
No obstante, Ramón Fernández, el homicida confeso, en su comparecencia judicial mostró su disposición a correr con los gastos en la medida de sus posibilidades económicas.
Aunque aseguró que carece de dinero en efectivo, es el propietario de la casa de Riobóo y unas fincas por lo que estaría dispuesto a venderlas. Este gesto no deja de ser un propósito de intenciones ya que el juzgado, según valoraron fuentes cercanas al caso, debe asegurar una serie de bienes materiales para hacer frente a las indemnizaciones derivadas del juicio de ahí la complejidad para que autorice la venta de la vivienda y las parcelas. En caso de que nadie costee la repatriación, por ahora en punto muerto, deberá ser el juez instructor el que autorice el entierro en un cementerio parroquial en alguna fosa común.
¿Procedimiento por jurado popular o sumario ordinario?
La instrucción de la muerte de María Socorro Dasilva la asumirá el Juzgado Mixto de Ribadavia a partir de ahora, de ahí que el titular del Juzgado de Instrucción 2 de la ciudad deba inhibirse.
Las primeras diligencias se instruyeron conforme a la Ley del Jurado por un presunto delito de asesinato. No obstante, la aparición de un arma de fuego -con la que se perpetró el crimen- podría derivar el proceso hacia un sumario (juzga la sala de la Audiencia) ya que la tenencia ilícita no entra en las competencias propias de un tribunal popular.
Ramón Fernández Álvarez no tenía licencia para hacer uso de una escopeta de caza con cañones recortados, pero esto falta por determinar si revista carácter delictivo o bien puede quedar en una mera sanción administrativa.
El arma apareció esta misma semana en el cauce del río Avia tras confesar que la arrojó allí tras perpetrar el delito.
En el momento en que sucedieron los hechos, el 10 de febrero, tanto la esposa como el hijo del inculpado no estaban en la casa de Riobóo (Cenlle), una circunstancia que ya fue inves tigada y confirmada por la policía.
Víctima y cliente, según consta en el sumario, pactaron un servicio por 100 euros, si bien este último le dijo que si mantenían relaciones sexuales en su propia casa se ahorrarían el dinero del motel, que también el entregaría. Álvarez, según confesó, no era la primera vez que se veía con María Socorro Dasilva.
En la comparecencia no estuvo el letrado que representa a la amiga de la fallecida, un joven brasileña con la que compartía piso en la ciudad. Esta solicitó al juez su personación como acusación particular pero le fue denegada por entender que no representa los intereses de la víctima. Podría hacerlo como acusación popular pero para ello debe prestar fianza.
Fernández quiere ayudar a la repatriación
El caso de la muerte María Socorro Dasilva, cuyo cadáver continúa después de 16 días en el Tanatorio de Santa Mariña (en las instalaciones cedidas al Imelga), ha despertado un aluvión de comentarios ciudadanos en la web de La Región, apelando a la sensibilidad ciudadana y de la clase política para conseguir los 8.000 euros necesarios para poder repatriar el cadáver a Brasil (el coste sería menor en caso de una incineración). La familia carece de recursos económicos para sufragar el traslado, de ahí que aún no haya reclamado el cuerpo sin vida de la joven. En los comentarios, entre otras alusio nes, se menciona la posibilidad de emprender una colecta popular o bien la opción de que sean el Gobierno español o la Embajada brasileña los que muevan ficha. Este diario intentó contactar con el subdelegado del Gobierno en Ourense, Camilo Ocampo, sin que fuera posible.
Venta de la casa
No obstante, Ramón Fernández, el homicida confeso, en su comparecencia judicial mostró su disposición a correr con los gastos en la medida de sus posibilidades económicas.
Aunque aseguró que carece de dinero en efectivo, es el propietario de la casa de Riobóo y unas fincas por lo que estaría dispuesto a venderlas. Este gesto no deja de ser un propósito de intenciones ya que el juzgado, según valoraron fuentes cercanas al caso, debe asegurar una serie de bienes materiales para hacer frente a las indemnizaciones derivadas del juicio de ahí la complejidad para que autorice la venta de la vivienda y las parcelas. En caso de que nadie costee la repatriación, por ahora en punto muerto, deberá ser el juez instructor el que autorice el entierro en un cementerio parroquial en alguna fosa común.
¿Procedimiento por jurado popular o sumario ordinario?
La instrucción de la muerte de María Socorro Dasilva la asumirá el Juzgado Mixto de Ribadavia a partir de ahora, de ahí que el titular del Juzgado de Instrucción 2 de la ciudad deba inhibirse.
Las primeras diligencias se instruyeron conforme a la Ley del Jurado por un presunto delito de asesinato. No obstante, la aparición de un arma de fuego -con la que se perpetró el crimen- podría derivar el proceso hacia un sumario (juzga la sala de la Audiencia) ya que la tenencia ilícita no entra en las competencias propias de un tribunal popular.
Ramón Fernández Álvarez no tenía licencia para hacer uso de una escopeta de caza con cañones recortados, pero esto falta por determinar si revista carácter delictivo o bien puede quedar en una mera sanción administrativa.
El arma apareció esta misma semana en el cauce del río Avia tras confesar que la arrojó allí tras perpetrar el delito.
