La junta de gobierno aprobó ayer el proyecto de presupuestos, el inicio de un camino que, sin embargo, no estará exento de controversia después de que el informe del interventor, Gonzalo Alonso, concluya que adolece de 'defectos na confección do estado da débeda', lo que, a su juicio, legitima su impugnación, pudiendo ser 'obxecto de anulación ante un eventual recurso administrativo perante os tribunais'.
La causa son las objeciones del interventor al convenio con la empresa pública Acuanorte para realizar obras de abastecimiento en la ciudad, un modelo que, sin embargo, avala la Abogacía del Estado y que tiene plena validez en otros municipios españoles.
La discrepancia está en la fórmula de financiación elegida, que Acuanorte pidiese un crédito en 2010 por 6.063.968 euros para sufragar la aportación del Concello y éste le devuelva el dinero con el pago de un canon durante 25 años. Para el técnico económico, es una actuación administrativa 'nula de pleno dereito', al acordarse sin un procedimiento administrativo y encontrarse el Concello en situación de desequilibrio financiero al no solicitar autorización para concertar un crédito por ese importe.
LOS AVALES DEL ACUERDO
Frente a estas consideraciones, el gobierno municipal apoya su postura con Acuanorte en sendos informes de la Abogacía del Estado y de la propia Secretaría General de Acuanorte. El abogado del Estado sostiene que la entidad que suscribe el crédito es Acuanorte y no el Concello y que las obligaciones de éste no derivan de la póliza de crédito sino del convenio entre ambas.
Enfrente, el informe de Intervención apunta a que el crédito se adoptó sin tramitación de expediente administrativo, y 'vinculando ó Concello cunha operación que estende a súa vixencia por máis de 25 anos'.
Por otro lado, la intervención también señala que el Concello pedirá un crédito de 4,1 millones de euros este año, que, según él, 'contradi' las previsiones del plan económico financiero vigente.
El proyecto de presupuestos fue ayer a la junta de área de Facenda y el PP pidió su retirada, precisamente por la discrepancia de esos informes, pero el gobierno local decidió sacarlos adelante.
La discrepancia está en la fórmula de financiación elegida, que Acuanorte pidiese un crédito en 2010 por 6.063.968 euros para sufragar la aportación del Concello y éste le devuelva el dinero con el pago de un canon durante 25 años. Para el técnico económico, es una actuación administrativa 'nula de pleno dereito', al acordarse sin un procedimiento administrativo y encontrarse el Concello en situación de desequilibrio financiero al no solicitar autorización para concertar un crédito por ese importe.
LOS AVALES DEL ACUERDO
Frente a estas consideraciones, el gobierno municipal apoya su postura con Acuanorte en sendos informes de la Abogacía del Estado y de la propia Secretaría General de Acuanorte. El abogado del Estado sostiene que la entidad que suscribe el crédito es Acuanorte y no el Concello y que las obligaciones de éste no derivan de la póliza de crédito sino del convenio entre ambas.
Enfrente, el informe de Intervención apunta a que el crédito se adoptó sin tramitación de expediente administrativo, y 'vinculando ó Concello cunha operación que estende a súa vixencia por máis de 25 anos'.
Por otro lado, la intervención también señala que el Concello pedirá un crédito de 4,1 millones de euros este año, que, según él, 'contradi' las previsiones del plan económico financiero vigente.
El proyecto de presupuestos fue ayer a la junta de área de Facenda y el PP pidió su retirada, precisamente por la discrepancia de esos informes, pero el gobierno local decidió sacarlos adelante.
