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El gobierno local del Concello de Ourense y el PP ya negocian los términos de una modificación de crédito millonaria, la más grande hasta el momento, con cargo al ahorro del Concello de Ourense, y que ascendería a 14,6 millones de euros para partidas relacionadas con el área de Infraestructuras.
El propio concejal de Infraestructuras, Francisco Lorenzo, conocido como “El Conseguidor” en los audios divulgados por este diario sobre las mordidas vinculadas a la concesión de las obras, lo confirmó al edil popular Jorge Pumar en la junta de área de infraestructuras de ayer. Pumar desconocía esta negociación en el seno de su propio grupo, que ha asumido otra edila, Noelia Pérez, y, parece ser, de espaldas a otros miembros del PP. En la reunión, que fue con la concejala de DO Tamara Silva, trataron los temas que incluirá el expediente millonario, como un Plan de Choque de infraestructuras, por importe de 3,5 millones, las obras de varios parques, el contrato de la luz o proyectos ligados a los fondos Next Generation.
La necesidad de la aprobación de esta multimillonaria partida de 14 millones estriba en que en la caja de la Concejalía de Infraestructuras para gastos corrientes apenas quedan 46 euros, mientras que en la de Perímetro Rural restan solo 149,50 euros. Y todavía hay un mes y medio por delante para que remate el ejercicio.
Tanto BNG como PSOE mostraron ayer su “sorpresa” e indignación tras conocer que DO y PP negociaban los términos de una modificación de crédito tan importante sin haberles trasladado documentación al respecto. Pero socialistas y nacionalistas se mostraron más sorprendidos de que incluso miembros del PP lo desconociesen.
En otros puntos de las juntas de área el portavoz del BNG, Luis Seara, cuestionó al gobierno local sobre la colocación de puntos de carga que permitan poner en marcha los autobuses eléctricos, que siguen aparcados en la nave de UNVI. Desde el gobierno le adelantaron que colocarán dos puntos de recarga en la nave de Avanza, que tiene la concesión en precario de los buses urbanos. Seara les recordó que los pliegos obligan a colocar estos puntos en una nave municipal, y no en una nave de una empresa con la que a día de hoy no hay ninguna relación contractual.
Seara también exigió una junta de portavoces para fijar una “postura común” de cara a una reunión con el ADIF sobre la intermodal y la integración ferroviaria.
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