La tensión entre el gobierno de Gonzalo Pérez Jácome y la plantilla de trabajadores del Concello de Ourense continúa in crescendo y un concejal de Democracia Ourensana ya se enfrenta a una denuncia por acoso laboral. Esta ha partido de la intendente jefa de la Policía Local, María Barrera, de baja desde hace semanas, y que, según desveló ayer durante la celebración del pleno el concejal de Ciudadanos, Pepe Araújo, ha presentado un escrito ante el departamento de Recursos Humanos para que se active el protocolo antiacoso de la administración, al sentirse vilipendiada por el edil de Seguridad Ciudadana, Telmo Ucha.
La decisión de Barrera, que no quiere hacer declaraciones por el momento, se produce después de que en los últimos meses se haya disparado la crispación en el cuerpo, con Ucha anunciando cambios en la cúpula policial, aprobando un nuevo cuadrante de horarios u ordenando forzar la puerta del despacho de la intendente, tal y como el propio concejal reconoció ayer a la conclusión del pleno, defendiendo su papel.
“Estoy muy tranquilo y en la policía se está mejor que nunca. Evidentemente sí se entró (en el despacho) porque el Ayuntamiento es el propietario de todas las instalaciones y hacía falta, todo con informes y bajo la ley. Está todo perfecto. Todo lo que hice lo volvería a hacer”, indicó Ucha que, eso sí, negó la existencia de cualquier tipo de amenazas.
Críticas
Gonzalo Pérez Jácome, desaparecido durante casi dos horas del pleno, regresaba al hemiciclo justo después de que Araújo mostrarse su “solidariedade” con el funcionariado y desvelase que la denuncia la había registrado María Barrera, aludiendo a una baja por un tema de salud mental.
El regidor, que confirmó la denuncia, aprovechó para arremeter contra el funcionariado, dejando caer que este tipo de bajas y quejas no están justificadas. “En el Concello hay algunos funcionarios que no la rascan o quieren tomar decisiones exclusivas del ámbito político y, cuando finalmente los pones en su sitio, su única y endeble defensa es alegar acoso”, indicaba Jácome, que aseguró también haber dado orden a las mutuas para investigar bajas de trabajadores, citando por ejemplo la de la jefa de Protocolo o un técnico del Auditorio.
“No encuentro relación a estar enfermo de golpe tras denunciar lo de las bodas o decirle a uno que no sabes programar y que le vino de golpe en tres horas la depresión. ¿Cómo no voy a desconfiar? Claro que lo hago. Cuando se dejó de pagar el 100% del sueldo en los primeros días, hubo más curaciones que en Lourdes”, argumentó.
Indignación
Las reacciones desde la oposición no se hicieron esperar tras salir a la luz la polémica, entendiendo que la situación requiere llegar hasta el final. “Sería algo gravísimo. Esperemos a ver cómo se desarrolla el protocolo pero, de confirmarse, no pueden seguir un minuto más”, entiende el portavoz del PSOE, Rafael Rodríguez Villarino, muy crítico con las manifestaciones de Jácome: “Es un modo de actuar lamentable, es indefendible poner en tela de juicio dictámenes médicos”.
En la misma línea, el responsable local del BNG, Luis Seara, recordó que “somos conscientes do acoso e derribo contra os funcionarios”, entendiendo que no es lícito afirmar que “hai facultativos corruptos”.
La exedil de Seguridad Ciudadana y ex de DO, María Dibuja, defendió la “profesionalidad” de María Barrera y exige a Telmo Ucha su dimisión “por carecer de toda ética profesional y personal”.
Mientras, los socios de gobierno de Jácome también censuran sus palabras. “Es una valoración personal del alcalde que no compartimos, nosotros hemos pedido siempre respeto a los funcionarios”, señaló la portavoz del PP, Flora Moure, que da su “máximo apoyo a una profesional como María Barrera ante un tema delicado, que requiere rigor y transparencia”.
LOS SINDICATOS: “NO SE COGEN LAS BAJAS PORQUE SÍ”
Los sindicatos criticaron ayer las palabras de Gonzalo Pérez Jácome sobre las bajas de los trabajadores, recordándole el enrarecido ambiente que hay en este mandato entre el personal. “La gente no coge bajas porque le dé la gana, hay estrés y comportamientos no adecuados”, dice el presidente de la junta de personal, José Manuel Rodríguez (CSIF).
El representante de CCOO Manuel Pérez asegura que “la gente está muy mal y presionada, especialmente donde está el alcalde”. Reclaman la convocatoria del comité de Seguridad y Salud, “ya que no nos dicen nada”.
Desde la CIG, Javier García Gago apunta también la existencia de “tensión” y señala que “o alcalde é libre de expresar a súa percepción, outra cousa é a realidade”.
