La fiscal acusa a una auxiliar de enfermería del CHUO, Sandra G.R., de espiar el historial clínico de un compañera suya pero también expareja de su hermano cuando esta última estaba acudiendo al servicio de Ginecología porque estaba embarazada. La inculpada no trabajaba en ese servicio y no mediaba autorización o consentimiento por parte de la perjudicada.
La fiscal, al igual que la acusación particular, reclaman inicialmente una pena de tres años y medio de prisión por un delito continuado de descubrimiento de secretos. El Ministerio Público añade 20 meses multa (360 días), a razón de seis euros diarios; una inhabilitación absoluta para ejercer la profesión durante seis años y una indemnización de 2.000 euros. La perjudicada eleva la inhabilitación a 10 años y la indemnización a 50.000 euros.
Las diligencias penales se iniciaron a raíz de una denuncia de la mujer supuestamente expiada en el año 2016. Las acusaciones se basan en que la inculpada, "aprovechándose de su cargo de funcionaria pública", consultó el historial clínico de la expareja de su hermano en siete ocasiones, a veces varias veces al día, entre los meses de febrero y julio de 2016. Para poder acceder a la historia clínica- añaden- utilizó su propia clave y justificó el acceso afirmando tener responsabilidad asistencial "con pleno conocimiento de la inveracidad de tal afirmación".
La vista está fijada para el miércoles día 12. Ahora bien, el perdón del ofendido se contempla como una posible causa de extinción de la responsabilidad penal en este tipo de delitos contra la intimidad. Es decir, no cabría condena si la denunciante perdona a la víctima (la fiscal no puede acusar en ese supuesto). No obstante, el Sergas, por su parte, aun le puede imponer una sanción administrativa. n
