La mitad de los hogares de Ourense dependen de pensiones o subsidios

Una persona mayor camina del brazo de otras dos personas, ayer en el centro de la ciudad.

El envejecimiento de la provincia de Ourense dibuja un panorama insólito en el aspecto económico: la mitad de los hogares ourensanos ya dependen de pensiones y subsidios públicos. Es decir, de pensiones de jubilación o viudedad, así como de prestaciones por desempleo, por citar algunos ejemplos. Son la principal fuente de ingresos en 64.471 hogares de la provincia, el 50% del total. Ninguna otra provincia gallega tiene una proporción tan elevada: la que más se acerca es Lugo, con un 44%.

Son datos del Instituto Galego de Estatística (IGE) que salen a colación después de un hito en el gasto público del Gobierno central en Ourense. Por primera vez, los pagos de pensiones contributivas superan los 100 millones de euros, según el avance estadístico publicado por la Seguridad Social, correspondiente a este mes de mayo. Refleja que en la provincia se pagan 107.472 pensiones de incapacidad permanente, viudedad, orfandad, en favor de familiares o de jubilación.

Las pensiones de jubilación consumen la mayor parte de este desembolso. Actualmente, el Estado paga 66.964 retribuciones de este tipo, con un gasto total superior a los 69 millones de euros. En todo caso, Ourense es el territorio español donde las pensiones contributivas son las menores de toda España. Por ejemplo, en el caso de las jubilaciones la mensualidad media es de 1.032 euros, el mínimo estatal.

A este gasto en pensiones hay que sumar, entre otros, el de las prestaciones por desempleo. En el mes de abril, el Estado destinó 9,96 millones de euros a los parados ourensanos. La cuantía media fue de 911 euros, la segunda menor de España. Más de 9.700 ourensanos se beneficiaron de estas compensaciones. Evidentemente, no todos los hogares que cobran prestaciones dependen de ellas. En total, según los últimos datos del IGE, dos tercios de los hogares ourensanos cuentan con este tipo de retribuciones en su economía doméstica. En total, son 83.970 domicilios en los que entra una nómina rubricada por el Estado.