Ourense fue la única provincia gallega donde creció la licitación de obra pública durante el año pasado, pero lo hizo únicamente por las obras del AVE Madrid-Galicia, no por la implicación de las administraciones públicas en la apertura o ejecución de otras infraestructuras pendientes.
Las demás provincias gallegas acusaron un notable descenso, sobre todo Lugo, y, en el conjunto de la Comunidad gallega, la reducción de adjudicaciones superó el 8% con respecto a 2011.Es el Estado el que más invirtió, pero únicamente por la línea de la alta velocidad; la Xunta de Galicia y las diputaciones provinciales quedan muy por debajo de ese nivel, incluso han invertido menos que los ayuntamientos.
Estas son algunas de las conclusiones del estudio de adjudicaciones de obras en Galicia durante 2012, que dio a conocer la Federación Galega da Construción que, además, advierte de que sólo el 23,8% de las empresas que obtienen obra pública fueron de Galicia, cuando ese porcentaje aún ascendía el año anterior a un 55%. Ahora, recuerda que más del 76% del volumen adjudicado corresponde a empresas de ámbito nacional.
Precisamente ayer la Asociación de Constructores de Ourense hacía público un comunicado en el que volvió a pedir, como ha hecho en la última década, una mayor inversión pública en la provincia para poner fin a la 'histórica marginación' y favorecer el reequilibrio territorial. Es que, además, precisa, la mayor inversión pública permite generar empleo, mientras que por cada millón de euros que se eliminan se destruyen 18 empleos, directos e indirectos.
Así las cosas, la Federación gallega hace hincapié en su último informe en un balance de licitación que considera muy negativo, tanto por su volumen (siempre con la excepción del AVE) como, especialmente, por la concentración de las obras en manos de unas pocas sociedades. Las diez primeras empresas adjudicatarias -que son en general, por este orden, Vías y Construcciones, Corsan-Corvián, Acciona, FCC, Obrascón Huarte, Dragados, Ferrovial, Copasa, Coprosa, y Taboada y Ramos, aunque Copasa es la primera entre las adjudicaciones de la Xunta, seguida de Acciona y Taboada y Ramos- reciben casi 784,2 millones de euros, mientras que las 492 restantes se reparten 630 millones. Es decir, el 2% de las empresas se llevan más de la mitad de todo lo adjudicado.
Estas son algunas de las conclusiones del estudio de adjudicaciones de obras en Galicia durante 2012, que dio a conocer la Federación Galega da Construción que, además, advierte de que sólo el 23,8% de las empresas que obtienen obra pública fueron de Galicia, cuando ese porcentaje aún ascendía el año anterior a un 55%. Ahora, recuerda que más del 76% del volumen adjudicado corresponde a empresas de ámbito nacional.
Precisamente ayer la Asociación de Constructores de Ourense hacía público un comunicado en el que volvió a pedir, como ha hecho en la última década, una mayor inversión pública en la provincia para poner fin a la 'histórica marginación' y favorecer el reequilibrio territorial. Es que, además, precisa, la mayor inversión pública permite generar empleo, mientras que por cada millón de euros que se eliminan se destruyen 18 empleos, directos e indirectos.
Así las cosas, la Federación gallega hace hincapié en su último informe en un balance de licitación que considera muy negativo, tanto por su volumen (siempre con la excepción del AVE) como, especialmente, por la concentración de las obras en manos de unas pocas sociedades. Las diez primeras empresas adjudicatarias -que son en general, por este orden, Vías y Construcciones, Corsan-Corvián, Acciona, FCC, Obrascón Huarte, Dragados, Ferrovial, Copasa, Coprosa, y Taboada y Ramos, aunque Copasa es la primera entre las adjudicaciones de la Xunta, seguida de Acciona y Taboada y Ramos- reciben casi 784,2 millones de euros, mientras que las 492 restantes se reparten 630 millones. Es decir, el 2% de las empresas se llevan más de la mitad de todo lo adjudicado.
