Las okupaciones, un fenómeno ilícito en alza en Ourense

La okupación en Ourense, la que se denuncia, crece un año tras otro, según el Ministerio del Interior. Pasó de ser anecdótica en 2015, con tres casos comunicados a las fuerzas de seguridad, a los 11 en 2022. Un número que ya se había alcanzado en los ochos primeros meses de 2023, el último dato divulgado por el Gobierno central a preguntas del grupo popular en el Congreso. En el resto de provincias gallegas, las ocupaciones ilegítimas son más numerosas, sobre todo en A Coruña, con 74 casos, entre enero y agosto de 2023. En Pontevedra, 35 y 14 en Lugo, en esas mismas fechas. El norte gallego acapara más de la mitad de los accesos no autorizados a propiedades ajenas.

Pero hay más inmuebles con inquilinos asentados de forma ilegal, pero sin denuncia, según los datos de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias. Según Fegeim, “a lo largo del 2022/2023 se han producido más de 1.500 propiedades ocupadas ilegalmente en el conjunto de los 313 concellos de Galicia”, y advierte que “estás estimaciones no se corresponden a las denuncias presentadas debido a la lentitud del sistema judicial y una legislación que no soluciona la tremenda inseguridad jurídica en este complejo tema”.

La mayoría de las okupaciones de las propiedades de particulares provienen de viviendas sin moradores al ser de herencias, según explica Iglesias. “La problemática de la okupación de una propiedad se está cronificando en Galicia, constituyendo ya un grave problema social al no existir una respuesta jurídica uniforme a un problema que se está enquistando en las grandes ciudades y municipios costeros más turístico”, añade. En la ciudad de Ourense, la calle Celso Emilio Ferreiro, la zona de As Burgas y varias calles del casco antiguo, el barrio de O Vinteún, la avenida de Portugal, avenida de Zamora, Mariñamansa y el barrio de O Couto son los lugares con más presencia de extraños en casas sin habitar por sus dueños.

Para Fegeim, es fundamental “reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Enjuiciamiento Penal, con el fin de que los procedimientos de desahucio se lleven a cabo por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado sin esperar la autorización judicial”.

Los agentes solo en los casos de allanamiento de morada (el delito que contempla la entrada en domicilio ajeno sin consentimiento de su titular) pueden desalojar las viviendas de inmediato siempre que haya permiso del morador y con denuncia previa. En las usurpaciones de inmuebles, residenciales o no, pero que no son morada habitual del propietario, pueden actuar si hay una orden judicial, además de la intención manifiesta del propietario de recuperar la posesión. salvo que puedan intervenir justo cuando se comete la infracción con violencia.