La defensa del dueño del club pone en duda la veracidad del relato, mientras la fiscal lo ve sólido
La mujer cuyo testimonio inició un proceso penal por delitos de prostitución, detención ilegal e inmigración ilegal declaró ayer en calidad de testigo protegido en el juicio que comenzó el martes en la Audiencia. La víctima aseguró que el supuesto trabajo como bailarina y para alternar con clientes (sin sexo) que les ofrecieron a ella y a su prima en Paraguay no fue tal al llegar a Murcia y después al club de A Gudiña que regenta el inculpado, Nuno Miguel Carvalho Rego.
Al llegar a Galicia, según su versión, le retiraron el pasaporte y les engañaron al hacerles ver que la deuda inicial, que era de 2.500 euros, había subido hasta 4.000 al haberle gestionado el viaje desde Murcia. Pero, además, insistió en que se vio obligada a ejercer la prostitución ante las "amenazas" recibidas tanto en España como Paraguay. En cuanto a la tardanza en prestar la denuncia, dos años después de escapar del club Dolce Vita, dijo que fue por "miedo a que le hiciesen algo a su familia" que reside en Paraguay.
En cuanto a su vida en el club, destacó que apenas podía salir y cuando lo hacía tenía que ir acompañada. La defensa puso en duda el que sólo se desplazara a enviar dinero a su país en dos ocasiones porque certificó nueve envíos desde las oficinas de Western Union.En su declaración, la denunciante no pudo concretar el momento en el que supuestamente Carvalho Rego le quitó su pasaporte .
Precisamente, la defensa del inculpado basó su informe final en la falta de "verosimilitud" y las "contradicciones" ofrecidas por la denunciante a lo largo de sus declaraciones en el proceso. Entre ellas, que la mujer, tras su detención en un club de O Porriño por estancia ilegal, dijo a la Policía que había "venido voluntariamente a ejercer la prostitución" y que había sido informada sobre qué iba a hacer al llegar a España.
El letrado plantea la absolución al apreciar posibles "intereses espurios" en la denuncia formulada por la mujer por su posible interés en conseguir la nacionalidad española.
La fiscal ratificó su petición de 14 años de cárcel, basándose en el relato "sólido y coherente" de la testigo protegida.
