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El PP cree que la provincia se vería “perjudicada" con peajes en autovías

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El PP cree que la provincia se vería “perjudicada" con peajes en autovías

En total, el catálogo de carreteras del Estado refleja que en la provincia hay 166 kilómetros de vías de alta capacidad, la gran mayoría correspondiente a la A-52

Los diputados ourensanos del PP en el Congreso, Ana Vázquez y Celso Delgado, registraron ayer una pregunta al Gobierno central dentro de una batería de interpelaciones impulsadas por el grupo parlamentario para conocer los planes del Ejecutivo en relación a la idea manifestada esta semana sobre la posibilidad de implantar un peaje "simbólico" en las autovías ahora sin esa carga.

En total, el catálogo de carreteras del Estado refleja que en la provincia hay 166 kilómetros de vías de alta capacidad, la gran mayoría correspondiente a la A-52, el eje vertebrador del sur de Galicia. Es precisamente esta infraestructura la que centra, por tanto, las preocupaciones de Ana Vázquez y Celso Delgado.

"Es una vía estratégica de comunicación de Ourense con sus principales villas, como son Verín, Xinzo, Allariz y Ribadavia, o la ciudad de Vigo", exponen los parlamentarios del PP, que entienden que el "perjuicio sería todavía mayor dado el carácter periférico de nuestro territorio dentro del conjunto del Estado", incidiendo en el hecho de que la A-52 es la vía de conexión con la Meseta, imprescindible para llegar a Madrid.

Los diputados ourensanos preguntan al gobierno sobre los planes para estas infraestructuras

Además, Celso Delgado opina que "volvemos otra vez más a la imprecisión y a la volatilidad del discurso del Gobierno de Sanchez sobre fiscalidad en el uso de infraestructuras y servicios públicos", apuntando que "es evidente que el PSOE carece también en esta materia de modelo".

El diputado ourensano se hace eco de las reflexiones manifestadas por el sector de los transportistas o también por organizaciones de consumidores, que rechazan de pleno una medida que por el momento solo cuenta con el respaldo de las empresas constructoras, que llevan tiempo planteando gravar el paso de los vehículos por las autovías. 

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