"Prevemos un tsunami de peticiones de justicia gratuita"

La peticiones que se cursan en el Servicio de Justicia Gratuita del Colexio da Avogacía de Ourense son un buen termómetro para saber qué se cuece en los juzgados y, por ende, en la sociedad. Igual que durante el estado de alarma por la emergencia sanitaria del coronavirus los letrados adscritos (359 en la provincia o lo que es lo mismo uno de cada dos ejercientes) fueron testigos en primera línea de la caída espectacular de los delitos de seguridad vial y el peso de la violencia de género durante el confinamiento (atendieron 61 casos), ahora también han comprobado como las peticiones de divorcio se han disparado. "Desde mediados de junio hasta ahora hubo 58 solicitudes en marcha en esta materia -algo más de dos al día- además de otras muchas aun sin registrar", aclaró ayer la responsable del Turno de Oficio en Ourense, Esperanza Fernández Iglesias. No hubo ninguna durante el estado de alarma por la interrupción de los plazos procesales, pero la "avalancha" llegó con la desescalada. El año pasado, entre el 14 de marzo y el 21 junio, se contabilizaron 121 (menos de dos al día).

Pero desde el institución colegiada, además de los asuntos de familia, aguardan un aumento de la litigiosidad derivada de las consecuencias de la crisis sanitaria (más despidos laborales, más concursos de acreedores, multas recurridas...). "A corto y medio plazo prevemos un tsunami de solicitudes de justicia gratuita", apostilló Fernández Iglesias.

La coordinadora del servicio aprovechó, con motivo del Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio que se celebra el domingo, para destacar la importancia que ha cobrado esta prestación, destinada a las personas con rentas más bajas, en los últimos años, garantizando el derecho a la tutela judicial efectiva y una garantía de la paz social, de ahí la necesidad -matizó- "de la inversión por parte de la administración".

En Ourense, se llegó al récord de asuntos de los últimos cinco años: pasando de los 4.301 de 2015 a los 5.098 (2.396 designaciones y 2.702 asistencias a detenidos o víctimas) del pasado año, lo que conllevó un desembolso por parte de la Xunta de 1,1 millones de euros (961.941 certificados hace cinco años) .

El Colexio da Avogacía ourensano expresó el "orgullo" por la labor desarrollada por los 181 letrados movilizados durante el estado de alarma. "Estuvieron a la altura de las circunstancias con gran profesionalidad y dedicación", aseguró Fernández Iglesias. Todos ellos recibirán en sus casas un diploma a modo de reconocimiento.

En Galicia

Los colegios gallegos atendieron el pasado año 56.859 asuntos de justicia gratuita (un aumento del 12,1% con respecto a 2018). En cuanto a los servicios, casi 35.000 son del turno de oficio; 20.000 corresponden a la asistencia letrada al detenido y más de 2.700 los atendió el servicio de violencia de género. En España fueron 1.996.669 asuntos (un 5,6% más).

La inversión media por ciudadano destinada a justicia gratuita es de 6,08 euros (un 5% más que en 2018) mientras que la retribución media que recibe el abogado por cada asunto tramitado es de 143,16 euros, una cantidad "totalmente insuficiente", según valoró la coordinadora ourensana.

Cataluña, tal como explicó con datos del Observatorio, es la comunidad que más invierte en este servicio -58 millones de euros-, seguida de Andalucía, Madrid, Valencia, Canarias, País Vasco y Galicia en séptimo lugar.

La Xunta invirtió 10,8 millones en 2019 (un incremento del 11% con respecto de 2018, cuando tuvo una importante reducción debido a los cuatro meses de huelga de funcionarios). Por habitante, la media es de cuatro euros en Galicia (solo es menor en Cantabria, Castilla-León, La Rioja y Extremadura).

Tensión con la Xunta: sin un servicio de mediación

El Colexio da Avogacía de Ourense acordó suspender "sine die" el servicio de mediación intrafamiliar que prestaba -en casos de rupturas de pareja, siempre que no haya violencia de género por medio, favorecen acuerdos consensuados para evitar divorcios contenciosos- ante la falta de respuesta de la Xunta, según explicó la decana, Pilar López-Guerrero, sobre el convenio en el que se debían detallar los compromisos de las partes. "No hay un compromiso para renovar el convenio por lo que, tras la interrupción durante el estado de alarma, la junta de gobierno acordó no reanudar el servicio que se viene prestando desde hace ocho años", explicó la decana. La aportación de la Xunta permitía sufragar los honorarios de la mediadora contratada. La decisión ya se le comunicó al Juzgado de Familia, que deriva una media de 40 casos al colegio cada año.

No es el único punto de fricción con la Administración autonómica. El Consello da Avogacía Galega rechazó firmar un convenio para donar una cantidad económica lineal a los abogados del turno porque, según explicó la decana, no satisface la petición del colectivo ante la Consellería de Presidencia reclamando ayudas al sector, incluyendo los mutualistas y teniendo en cuenta la situación económica. La propuesta de la Xunta es, para López-Guerrero, "discriminatoria y no resulta útil". Además, recordó que la Administración autonómica, a la que se le facturará menos de la mitad de un trimestre normal en el turno por la parálisis del estado de alarma, no necesita un convenio para las donaciones: "Es su dinero".