Gonzalo Pérez Jácome, responsable de Auria TV declaró ayer ante el juez como imputado a raíz de la denuncia presentada por la emisión pirata de programas que pertenecen al grupo Sogecable, hecho por el que fue detenido por la Policía el pasado mes de septiembre.
El responsable de Auria TV, Gonzalo Pérez Jácome, acudió ayer al Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense para prestar declaración en relación a la emisión, sin permiso, de programas cuyos derechos de explotación pertenecen al grupo Sogecable, una práctica habitual del canal local de televisión. Esta declaración judicial como impu tado se corresponde a la instrucción de las diligencias abiertas a raíz de una denuncia presentada por Digital Plus y la posterior detención, en septiembre del año pasado, de Pérez Jácome y de otra persona vinculada al canal televisivo.
En aquella ocasión, los dos arrestados habían quedado en libertad después de prestar declaración en la Comisaría de Policía, a la espera de ser citados en el Juzgado. Ayer fue el turno de Pérez Jácome, que dio explicaciones al juez sobre los hechos de la denuncia sobre el pirateo de imágenes propiedad del grupo Sogecable. Por todo ello, podría ser imputado por el artículo 286 del Código Penal (del que facilite el acceso a un servicio de radiodifusión sonora o televisiva sin permiso) penado con prisión de seis meses a dos años o bien de defraudación en las telecomunicaciones. No obstante, lo cierto es que no será hasta que finalice la instrucción del caso cuando la acusación formule la calificación jurídica de los hechos.
En aquella ocasión, los dos arrestados habían quedado en libertad después de prestar declaración en la Comisaría de Policía, a la espera de ser citados en el Juzgado. Ayer fue el turno de Pérez Jácome, que dio explicaciones al juez sobre los hechos de la denuncia sobre el pirateo de imágenes propiedad del grupo Sogecable. Por todo ello, podría ser imputado por el artículo 286 del Código Penal (del que facilite el acceso a un servicio de radiodifusión sonora o televisiva sin permiso) penado con prisión de seis meses a dos años o bien de defraudación en las telecomunicaciones. No obstante, lo cierto es que no será hasta que finalice la instrucción del caso cuando la acusación formule la calificación jurídica de los hechos.
