Las repercusiones de la crisis dejaron al descubierto, aún más, las carencias que soportan los juzgados. El trabajo se ha incrementado hasta el punto en que se dictan sentencias en la jurisdicción social a un ritmo de casi 600 al semestre por magistrado. Esta situación acaba de ser trasladada al presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Dívar.
Jueves, a las 12,15 horas de la mañana del 9 de julio. La magistrada titular del Juzgado de lo Social 3 de Ourense, María Luisa Rubio, está pero no está. Está, porque ocupa su despacho con la cabeza metida entre sentencias. Pero sólo a esos efectos, porque su descanso vacacional comenzó el día 1. A esta jueza no le queda otro remedio que ir a trabajar en vacaciones porque celebró 41 juicios en los últimos cuatro días de junio y la jurisdicción social, como bien sabe, no admite demoras. No es que sea una mártir del trabajo, como ella mismo bromea, sino que la carga de asuntos que soporta su juzgado no deja otra alternativa (611 pleitos en seis meses).
Desde las primeras dentelladas de la crisis en Ourense, a mediados de 2008, los juzgados de los social junto al mercantil (Primera instancia 4) son los más aquejados por la saturación, que intenta corregir la voluntariedad. La magistrada, según comenta el secretario de ese juzgado, José Luis Roig, puso en seis meses 587 sentencias, a lo que habría que añadir los desistimientos y conciliaciones, y celebró 658 juicios (486 en el primer semestre de 2008).
El decano de los jueces en el partido judicial de Ourense, Antonio Piña, tiene claro que en este ámbito hay que mover ficha para hacer frente a la crisis. Hay que tener presente que es tan importante la resolución del procedimiento como los tiempos de resolución. Piña en calidad de miembro de la Sala de Gobierno del TSXG transmitió hace unos días al presidente del Supremo, Carlos Dívar, la urgente necesidad de crear el cuarto juzgado de lo social y uno específico para asuntos mercantiles.
Porque si esa decisión dependiera de los número, estaría más que justificada. En la jurisdicción social, el módulo de trabajo recomendado por el Consejo General del Poder Judicial, fija en 800 asuntos al año por órgano. Roig, con estadística y calculadora en mano, atestigua que en Ourense se sobrepasa con mucho. El pasado año cada uno de los tres juzgado acabó con 1.075 asuntos y este año si se sigue la actual proyección cerraremos con 1.222.
Invertir en Justicia en este tiempo -señala el decano- es de vital importancia. Más aun saca a colación el olvido secular que acecha a esa administración por lo que él juzga como desconocimiento de su importancia. El Gobierno al diseñar el Plan E -asevera- se olvidó de la Justicia y con ello de las empresas que soportan las dilaciones de un sistema agotado, incapaz de absorber el exponencial incremento de trabajo.
Dos millones de euros para salarios e indemnizaciones
El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) destinó dos millones de euros en 2008 para abonar los salarios que tienen pendientes de percibir los trabajadores en los casos de declaración de insolvencia.
La crisis ha dejado tras de sí un reguero de trabajadores con nóminas pendientes de cobro a lo largo de 2008. En total 454 trabajadores afectados, la cifra más alta de los últimos cinco años. Estos datos han sido revelados por el diputado ourensano en el Congreso Celso Delgado Arce, quien formuló una pregunta parlamentaria al Gobierno con el fin de conocer los efectos de la crisis.
El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), organismo adscrito al Ministerio de Trabajo, es el encargado de abonar los salarios que tienen pendientes de percibir los trabajadores en los casos de declaración de insolvencia o procedimiento concursal. Además, el Fogasa también hace frente a las indemnizaciones por sentencia, auto, acto de conciliación judicial o resolución administrativa a favor de los empleados, por despido o extinción de contratos en aquellas causas previstas en el Estatuto de los Trabajadores o la Ley Concursal.
El diputado del Partido Popular considera que los efectos de la crisis están siendo especialmente graves en una provincia con las características de Ourense, Añade que la tasa de desempleo del 18 por ciento, el doble que la media de la Unión Europea, es una cantidad que continuará creciendo a lo largo del año porque no se siguen políticas adecuadas de creación.
Desde las primeras dentelladas de la crisis en Ourense, a mediados de 2008, los juzgados de los social junto al mercantil (Primera instancia 4) son los más aquejados por la saturación, que intenta corregir la voluntariedad. La magistrada, según comenta el secretario de ese juzgado, José Luis Roig, puso en seis meses 587 sentencias, a lo que habría que añadir los desistimientos y conciliaciones, y celebró 658 juicios (486 en el primer semestre de 2008).
El decano de los jueces en el partido judicial de Ourense, Antonio Piña, tiene claro que en este ámbito hay que mover ficha para hacer frente a la crisis. Hay que tener presente que es tan importante la resolución del procedimiento como los tiempos de resolución. Piña en calidad de miembro de la Sala de Gobierno del TSXG transmitió hace unos días al presidente del Supremo, Carlos Dívar, la urgente necesidad de crear el cuarto juzgado de lo social y uno específico para asuntos mercantiles.
Porque si esa decisión dependiera de los número, estaría más que justificada. En la jurisdicción social, el módulo de trabajo recomendado por el Consejo General del Poder Judicial, fija en 800 asuntos al año por órgano. Roig, con estadística y calculadora en mano, atestigua que en Ourense se sobrepasa con mucho. El pasado año cada uno de los tres juzgado acabó con 1.075 asuntos y este año si se sigue la actual proyección cerraremos con 1.222.
Invertir en Justicia en este tiempo -señala el decano- es de vital importancia. Más aun saca a colación el olvido secular que acecha a esa administración por lo que él juzga como desconocimiento de su importancia. El Gobierno al diseñar el Plan E -asevera- se olvidó de la Justicia y con ello de las empresas que soportan las dilaciones de un sistema agotado, incapaz de absorber el exponencial incremento de trabajo.
Dos millones de euros para salarios e indemnizaciones
El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) destinó dos millones de euros en 2008 para abonar los salarios que tienen pendientes de percibir los trabajadores en los casos de declaración de insolvencia.
La crisis ha dejado tras de sí un reguero de trabajadores con nóminas pendientes de cobro a lo largo de 2008. En total 454 trabajadores afectados, la cifra más alta de los últimos cinco años. Estos datos han sido revelados por el diputado ourensano en el Congreso Celso Delgado Arce, quien formuló una pregunta parlamentaria al Gobierno con el fin de conocer los efectos de la crisis.
El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), organismo adscrito al Ministerio de Trabajo, es el encargado de abonar los salarios que tienen pendientes de percibir los trabajadores en los casos de declaración de insolvencia o procedimiento concursal. Además, el Fogasa también hace frente a las indemnizaciones por sentencia, auto, acto de conciliación judicial o resolución administrativa a favor de los empleados, por despido o extinción de contratos en aquellas causas previstas en el Estatuto de los Trabajadores o la Ley Concursal.
El diputado del Partido Popular considera que los efectos de la crisis están siendo especialmente graves en una provincia con las características de Ourense, Añade que la tasa de desempleo del 18 por ciento, el doble que la media de la Unión Europea, es una cantidad que continuará creciendo a lo largo del año porque no se siguen políticas adecuadas de creación.
