La Comisión de Economía del Senado aprobó por unanimidad una moción en la que insta al Gobierno central a regular un modelo de sociedades de tasación de pisos que cumplan los principios básicos de independencia y objetividad y los principios constitucionales referentes a la protección de los consumidores.
En la Cámara Alta, el senador del BNG, Xosé Manuel Pérez Bouza, defendió dos mociones dirigidas a aliviar los problemas de los ciudadanos cuando se ven en la situación de que sus viviendas han sido embargadas por no poder asumir las hipotecas.
El senador del Bloque explicó que en la actualidad existe una gran confluencia entre las sociedades de tasación y las entidades bancarias y que, de hecho, muchas de esas sociedades están participadas por bancos. Todo el mundo sabe que tasan los bienes inmuebles, cuando los ciudadanos acuden a un banco para solicitar un préstamo por una vivienda, evidenció.
En este sentido, aludió a los estudios en los que se pone de manifiesto que las tasadoras tienden a generar un valor de tasación superior al valor real del inmueble y señaló que el problema se multiplica en situaciones de crisis económica.
Así, puso el acento en que en los casos de desahucio y embargo de vivienda, las valoraciones de estas tasadoras se reducen hasta un 40 por ciento cuando los órganos públicos sólo indican que el previos de la vivienda baja una media de un 10 por ciento.
A este respecto, concluyó que las familias no sólo se quedan sin vivienda, sino que por encima tienen que hacer frente al resto del crédito. Es una situación de indefensión de los ciudadanos reconocida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, subrayó.
CANON BIBLIOTECARIO
Por otra parte, el Senado rechazó, por veinte votos en contra y uno a favor, la otra moción impulsada por el BNG por la que se instaba al Gobierno a suprimir el canon por préstamo bibliotecario, establecido por una directiva europea para todas las bibliotecas públicas, y que los nacionalistas gallegos consideran una tasa injusta.
Para el senador del BNG, Xosé Manuel Pérez Bouza, este canon no beneficia a los autores, y recordó que buena parte de ellos han firmado un manifiesto en contra, entre los que nombró a Saramago, Emilio Lledó y José Luis Sampedro.
El nacionalista pedía que el Gobierno central aprovechase, coincidiendo con la Presidencia española de la Unión Europea, que promoviese la eliminación de este canon a través de la directiva comunitaria 2006/115/CE.
Además, Pérez Bouza alegó que las bibliotecas públicas son las que mejor defienden los derechos de los autores porque fomentan la lectura y pagan los derechos de autor a adquirirlas e incidió en que en un contexto de crisis económica en el que ya se redujeron los presupuestos de adquisiciones de algunas bibliotecas. Es inadmisible cargarlas de un nuevo gasto, concretó.
SALTAR LA DIRECTIVA
Precisamente, la senadora del PSOE, Rafaela Fuentes García, explicó que no se pueden saltar una directiva europea que es obligatoria para todos los países de la UE y el portavoz de Cultura del PP, Juan Van-Halen, alegó que pedir esta supresión en la UE es inútil y no va a conducir a nada.
Si este canon no lo paga el usuario, nos parece bien que exista, declaró el senador Juan Van-Halen. A este respecto, la portavoz socialista subrayó que el compromiso del Gobierno era velar porque este canon no recayese sobre los usuarios.
No obstante, aseguró que el grupo socialista está abierto al diálogo y recordó que una Subcomisión de Cultura está trabajando para mejorar y debatir la Ley de Propiedad Intelectual.
El canon por préstamo bibliotecario, que se estableció en 0,20 céntimos de euro por libro, es asumido por el Ministerio de Cultura y las Comunidades Autónomas. De la cantidad recaudada, un 70 por ciento se destinará a los autores y el resto a los editores.
El senador del Bloque explicó que en la actualidad existe una gran confluencia entre las sociedades de tasación y las entidades bancarias y que, de hecho, muchas de esas sociedades están participadas por bancos. Todo el mundo sabe que tasan los bienes inmuebles, cuando los ciudadanos acuden a un banco para solicitar un préstamo por una vivienda, evidenció.
En este sentido, aludió a los estudios en los que se pone de manifiesto que las tasadoras tienden a generar un valor de tasación superior al valor real del inmueble y señaló que el problema se multiplica en situaciones de crisis económica.
Así, puso el acento en que en los casos de desahucio y embargo de vivienda, las valoraciones de estas tasadoras se reducen hasta un 40 por ciento cuando los órganos públicos sólo indican que el previos de la vivienda baja una media de un 10 por ciento.
A este respecto, concluyó que las familias no sólo se quedan sin vivienda, sino que por encima tienen que hacer frente al resto del crédito. Es una situación de indefensión de los ciudadanos reconocida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, subrayó.
CANON BIBLIOTECARIO
Por otra parte, el Senado rechazó, por veinte votos en contra y uno a favor, la otra moción impulsada por el BNG por la que se instaba al Gobierno a suprimir el canon por préstamo bibliotecario, establecido por una directiva europea para todas las bibliotecas públicas, y que los nacionalistas gallegos consideran una tasa injusta.
Para el senador del BNG, Xosé Manuel Pérez Bouza, este canon no beneficia a los autores, y recordó que buena parte de ellos han firmado un manifiesto en contra, entre los que nombró a Saramago, Emilio Lledó y José Luis Sampedro.
El nacionalista pedía que el Gobierno central aprovechase, coincidiendo con la Presidencia española de la Unión Europea, que promoviese la eliminación de este canon a través de la directiva comunitaria 2006/115/CE.
Además, Pérez Bouza alegó que las bibliotecas públicas son las que mejor defienden los derechos de los autores porque fomentan la lectura y pagan los derechos de autor a adquirirlas e incidió en que en un contexto de crisis económica en el que ya se redujeron los presupuestos de adquisiciones de algunas bibliotecas. Es inadmisible cargarlas de un nuevo gasto, concretó.
SALTAR LA DIRECTIVA
Precisamente, la senadora del PSOE, Rafaela Fuentes García, explicó que no se pueden saltar una directiva europea que es obligatoria para todos los países de la UE y el portavoz de Cultura del PP, Juan Van-Halen, alegó que pedir esta supresión en la UE es inútil y no va a conducir a nada.
Si este canon no lo paga el usuario, nos parece bien que exista, declaró el senador Juan Van-Halen. A este respecto, la portavoz socialista subrayó que el compromiso del Gobierno era velar porque este canon no recayese sobre los usuarios.
No obstante, aseguró que el grupo socialista está abierto al diálogo y recordó que una Subcomisión de Cultura está trabajando para mejorar y debatir la Ley de Propiedad Intelectual.
El canon por préstamo bibliotecario, que se estableció en 0,20 céntimos de euro por libro, es asumido por el Ministerio de Cultura y las Comunidades Autónomas. De la cantidad recaudada, un 70 por ciento se destinará a los autores y el resto a los editores.
