El nuevo conflicto abierto en el Concello de Ourense tiene su razón de ser en el chalé unifamiliar construido por el ahora alcalde, Agustín Fernández, en la calle Clara Corral, en el barrio de San Francisco de la ciudad.
El ahora regidor obtuvo el 8 de febrero de 1991 la licencia urbanística de construcción de vivienda unifamiliar de sótano, planta baja, alta y una bajo cubierta en un suelo urbano, el 17 en el Plan de Urbanismo de 1986, cuyas condiciones urbanísticas son, precisamente, una de las causas que enfrentan al regidor con la oposición que ha llevado este caso a la Fiscalía.
La licencia de construcción de la casa le fue concedida "previo depósito de un aval de 4.235.000 pesetas (25.452 euros) para responder de las obras de urbanización de la calle", según consta en el permiso municipal. El aval fue recurrido, ya que el que se le impuso contemplaba la totalidad de la parcela cuando la urbanización (construcción de aceras, firme de la calzada, etcétera) afectaba únicamente a la fachada, motivo por el que finalmente la cantidad depositada por Fernández se redujo a 10.633 euros.
Tardó en edificar pero el 4 de diciembre de 2006, un informe del servicio municipal de Urbanismo daba el visto bueno a la licencia de ocupación de la vivienda -finalizada un año antes- aunque dejaba en manos del servicio de Ingeniería lo relativo a la urbanización de la calzada. Este departamento había reconocido que "el vial al que da frente la edificación cuenta con una pavimentación de calzada y alcantarillado (provisionales), así como con red de abastecimiento de agua potable y alumbrado". Recogía la existencia de un proyecto de urbanización con fecha de 1996, pero concluía que "es inejecutable en la actualidad (2006) debido al cambio de alineaciones introducido por el vigente PXOM de 2003, así como a la configuración actual del Camiño da Coenga o de Castela", cuya desaparición estaba prevista en ese último planeamiento.
Por todo ello, el ingeniero informaba favorablemente la concesión de la licencia de ocupación "dada la imposibilidad de que el promotor pueda ejecutar en la actualidad la urbanización definitiva en el frente de la parcela". Finalmente, la junta de gobierno del 18 de enero de 2007 -aún integrada por el PP- concedió la licencia de ocupación a la vivienda.
Durante ese tiempo, el aval de Agustín Fernández y el de otros dos propietarios que también tramitaron permisos de vivienda permaneció en el Concello, hasta que obtuvo su devolución, después de que se certificase la obra con cargo al Plan E que finalmente urbanizó la calle, siendo ya él concejal de Hacienda. De hecho, en 2009, la junta de gobierno integrada por PSOE y BNG, y ya con Agustín Fernández en ella, adjudicó a Pozanca la mejora de aceras, calzadas y servicios por 227.873 euros, trabajos que fueron recepcionados por el Concello el 8 de octubre de ese mismo año. El 25 de noviembre, Fernández solicitó la devolución del aval, que le fue concedido en otra junta de gobierno del 15 de abril de 2010, de la que esta vez se ausentó. Otro propietario hizo lo mismo, aunque tardó más en recuperar la fianza. El tercero no logró que se le devolviera; Aurea Soto alega que ya no se le pudo dar licencia de ocupación porque la obra que hizo no se ajustó a la licencia de obra concedida. Él reclamó al Concello y dio lugar a un expediente municipal del que parte ahora este conflicto.
