Urge elaborar un inventario de obras

Para el fiscal jefe de Galicia, Carlos Varela, existe una máxima sagrada: 'Más de 3.700 parroquias.
En cada parroquia, una iglesia'. O lo que es lo mismo, 'miles de bienes inmuebles de carácter religioso repartidos por las cuatro provincias'. Estos bienes culturales de carácter religioso constituyen entre el 70 y el 80% de todo el patrimonio histórico y artístico gallego conocido. Por eso mismo, defiende que las iglesias, además de centros de culto para los creyentes, también sean 'polos dinamizadores de cultura y , por tanto, espacios abiertos y seguros' al alcance de las personas que quieran apreciar su belleza artística. Algo que no será posible mientras no esté garantizada su seguridad.

De esta reflexión, parte el proyecto abanderado por la Fiscalía Superior, la Policía Judicial, el Arzobispado de Santiago y la Consellería de Cultura: 'Igrexa segura-cultura protexida', presentado este mismo verano, para 'juntar, optimizar esfuerzos, intereses y recursos'. En esta iniciativa, aún sin materializar, se llega al compromiso de articular una serie de medidas con las que crear las condiciones de seguridad y conservación necesarias para salvaguardar el patrimonio histórico artístico de la Iglesia.

Pero para proteger algo hay que saber cuánto y dónde, de ahí que la primera medida propuesta por el Ministerio Público fuese la elaboración de un inventario de urgencia para identificar todo el patrimonio que aún conservan los edificios religiosos, a pesar de los muchos expolios registrados, y así constatar no sólo su existencia sino también su estado de conservación.

En Ourense, este camino comenzó a enfilarse en los años 70 de la mano del delegado diocesano de Patrimonio. En estos momentos, según confirma Miguel Ángel González, guarda 50.000 fotos digitalizadas de los bienes de la diócesis (en algunos casos hay varias instantáneas de un mismo objeto). Según dice, un catálogo extenso facilita la recuperación en el mercado negro en caso de robo.

El proyecto 'Igrexa segura también'insta a la elaboración de un cuestionario que evalúe los riesgos de seguridad; un manual policial que aborde los 'modus operandi' de las mafias; la realización de acciones formativas entre voluntarios y párrocos que vigilen los templos; el seguimiento del mercado de antigüedades y un marco de cooperación institucional.

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