Las agresiones machistas son las más numerosas: pasaron de los 400 procedimientos de hace 10 años a los 940 de 2015
Los juzgados de instrucción son el termómetro más preciso para analizar la evolución de los delitos que se circunscriben a la intimidad del hogar. Muertes, agresiones, amenazas o coacciones dentro del ámbito familiar. Sin testigos, o lo que es lo mismo, los delitos invisibles del Código Penal. Al igual que los dos juzgados de lo penal de Ourense son los órganos que mejor pulsan los fallos de la ley,sobre todo cuando las absoluciones de los inculpados se sustentan en el desestimiento de la víctima a declarar durante el juicio. Mientras que las denuncias se han duplicado en los últimos 10 años y no paran de aumentar, las sentencias condenatorias no llegan al 60% (la media de los últimos cinco años).
En 2015, se denunciaron 1.190 casos (medio millar en 2005), de los cuales 940 lo fueron específicamente por violencia de género -matrimonio o relaciones análogas-. Hace una década, las agresiones machistas judicializadas rondaban las 400. El pasado año hubo menos con respecto a 2014 (1.328 procedimientos de violencia familiar, 914 relativos a violencia de género) pero, según el fiscal delegado de violencia de género de Ourense, Julián Pardinas, se debe a una depuración de la estadística sin incidencia en la evolución.
A la hora de entender el fenómeno del maltrato en la provincia, resulta muy clarificador el análisis de los datos teniendo en cuenta el tipo de delito que más llega al juzgado. El grueso de los procedimientos tramitados en 2015 aluden a lesiones leves. Así, por el delito de maltrato ocasional del artículo 153.1 (violencia de género) se incoaron 404 asuntos, mientras que por las misma infracción pero relativa a la violencia familiar, 51. Pero también hubo 84 denuncias por maltrato habitual (48 dentro de la violencia de género y 36, familiar). Por lesiones graves, 36 procesos, la mayor parte por agresiones de padres a hijos o viceversa, incluidos los abuelos.
Las amenazas se sitúan como la cuarta infracción penal, con 32 procedimientos (25 por violencia machista). Menos habituales resultan las denuncias por coacciones (15) abusos o agresiones sexuales (no se incoaron diligencias). Y hubo un sumario por el asesinato de la verinense Isabel Fuentes cuando se recuperaba de una tentativa previa en el CHUO.
En cuanto a los quebrantamiento de condena o medidas cautelares, siguen siendo preocupantes . Durante el año pasado, se tramitaron 110 procedimientos, 11 originados en el no cumplimento de órdenes judiciales motivadas por asuntos de violencia de género.
Los fiscales solicitaron 244 órdenes de protección y medidas de alejamiento, 201 específicamente por hechos relacionados con la violencia machista. Los jueces denegaron 58 y del resto, en 62 se adoptaron medidas de naturaleza penal.
Julián Pardinas: ‘Cada vez hay casos a edades más tempranas'
El fiscal de violencia de género en Ourense lo repite una y otra vez: "Es necesario modificar el famoso artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que se exime a la mujer de no declarar en fase de instrucción o en el acto de juicio oral, porque los fiscales nos quedamos sin pruebas de cara a argumentar una condena". De hecho, recuerda que esa dispensa "es la base de innumerables sentencias absolutorias".
Para Julián Pardinas la forma de atemperar la violencia de género es fundamentalmente educativa. Por esta razón, la Fiscalía se puso en contacto con la delegación de Educación para de forma desinteresada trasladar sus experiencias. "Es imprescindible formar e informar a nuestra juventud de la gravedad del problema y para que aprenda a distinguir lo que es una auténtica situación de violencia de género, que desgraciadamente cada vez se empieza a sufrir a edades más tempranas, de lo que son conflictos de pareja", añade.
En cuanto a la violencia familiar, cree que muchos de los conflictos tienen su origen "en la falta de respuesta adecuada por parte de los servicios sanitarios y sociales de la comunidad autónoma a la enfermedad mental que padece el familiar denunciado". Según su experiencia, no es infrecuente que la familia denuncie un hecho con la única intención de un internamiento en un centro adecuado para la enfermedad psiquiátrica que padece. Eso es, se recurre a la vía judicial para resolver un problema médico ya que, según Pardinas, "hasta temen por sus propias vidas cuando el enfermo sigue en el domicilio un tratamiento ambulatorio".
