El acuerdo de la Subcomisión para la reforma electoral de restringir en las elecciones municipales el voto de los emigrantes, no así en las autonómicas o generales, no acaba de convencer a alcaldes de municipios con un importante número de población en el exterior, aunque sí a los que no dependen de este voto para obtener el poder, como ocurre en los grandes concellos.
'Estas decisiones hay que tratarlas con delicadeza porque hay vecinos que mantienen una estrecha relación con el ayuntamiento, aunque otros muchos nunca la han visitado en su vida', aseguró el regidor de Celanova, Antonio Mouriño, aunque asegura que esta nueva situación no va a variar la correlación de fuerzas políticas en su municipio.
Igualmente, Bande es uno de los municipios con más población en el exterior. Su alcalde, José Antonio Armada, aseguraba ayer que 'cuando retiras derechos a la gente, siempre es complicado. La decisión habría que analizarla un poquito más, porque hay muchos emigrantes que mantienen una estrecha relación con el ayuntamiento, lo visitan a menudo, tienen aquí a su familia y una vivienda, y conocen la realidad municipal', afirmó.
De hecho, uno de los actuales concejales de Bande, Alfredo Enríquez Badas, pasa largas temporadas como emigrante en Argentina, donde preside la Casa de Ourense. José Antonio Armada afirmaba ayer que mantendrá al edil y lo seguirá incluyendo en su lista electoral.
También su homólogo de Avión (otro concello como el de Bonorás con mucha población emigrante), Antonio Montero, apuesta por 'unha nova fórmula para as eleccións, xa que non é o mesmo unha persoa que leve 40 ou 50 anos sen voltar á súa terra, que outros emigrantes que a visitan tódolos anos'. Y el alcalde de Beariz, Manuel Prado, no ve lógico que se suprima el voto emigrante en las municipales y se conserve, sin embargo, en las generales y autonómicas.
Pero las cosas no las ve de igual forma el alcalde de la ciudad, Francisco Rodríguez, o el portavoz del PP, Enrique Nóvoa. Son regidores o aspiran a serlo de concellos donde la emigración tiene escasa importancia en el voto municipal. Los vecinos residentes, dicen, son los que deben decidir quién los gobierna. Esta decisión no puede quedar en manos de personas que nunca visitaron un concello, aseguraron.
Desde la constitución de las corporaciones democráticas, en 1977, el voto emigrante o de los residentes en el exterior nunca había decidido como en el caso de Pontedeva la elección de un alcalde, aunque en concellos donde la población censada pero residente en el exterior es muy elevada, pueden hacer ayudar y mucho en el triunfo de una u otra fuerza política; de ahí que alcaldes como los de Boborás, Avión, Beraiz, Bande o hasta Celanova miren con reservas la restricción aprobada el miércoles.
En Pontedeva, en 2003, un voto llegado de Argentina decidía si el PP de Eduardo Marquina tenía mayoría absoluta o se quedaba sin ella, en favor del cabeza de lista de una candidatura independiente. La Junta Electoral de Ourense se lo atribuyó al PP y la lista independiente recurrió la decisión, tras impugnar el voto. El caso llegó hasta el Tribunal Constitucional que anuló el acuerdo de la Junta Electoral y atribuyó el edil a los independientes, perdiendo el PP la mayoría. El alto tribunal aprovechó el fallo para sentar jurisprudencia.
La diáspora, indignada, anuncia movilizaciones
'Esto es un atropello. Nos vamos a acordar del Gobierno de Zapatero como el que nos quitó los derechos'. Estas son palabras de Francisco Ruiz, el presidente del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (el máximo órgano de representación de la diáspora española). El dirigente se mostró 'desolado' porque los emigrantes no podrán votar en las municipales. 'Nos prometieron más derechos, incluso una circunscripción propia y nos dejan peor que estábamos', afirma Ruiz, apuntando que sus compañeros en el Consejo 'están furiosos'.
Este colectivo supedita cualquier planificación de medidas o de movilizaciones a la reunión del Consejo General Exterior, que tendrá lugar precisamente en menos de un mes. 'No descarto que algún compañero proponga algún tipo de movilización ante el Congreso o la Moncloa', afirmó.
Lo que sí ya han decidido los representantes de los 1.325.248 emigrantes con derecho a voto es presentar al Gobierno central su programa de peticiones, el mismo que plantearon la semana pasada a los responsables de la Dirección General de Ciudadanía Española en el Exterior, en Madrid, en el que reivindican 'participar en todos los comicios, en igualdad de derechos que el resto de los ciudadanos y una circunscripción propia y proporcional al número de residentes en el exterior en el Congreso, además de la supresión del requisito del voto rogado, que hasta el momento sólo afectaba a las elecciones municipales.
Para María Teresa Michelón, del Consejo de Residentes Españoles en Buenos Aires (CRE), las intenciones de la Subcomisión parlamentaria de limitar el voto de los ciudadanos españoles en el exterior, 'nos relega a un plano de desigualdad con el resto de españoles'. Este colectivo aprobó por unanimidad una carta, que ya remitió al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, para que intervenga.
Pero no son estas las únicas reacciones. El Centro Gallego de Buenos Aires, el Centro Galicia en la misma ciudad, la Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina, la Unión de Asociaciones Gallegas y la Comunidad Gallega remitieron un escrito al secretario xeral de Emigración, Santiago Camba, en el que le solicitan que interceda y haga valer ante quien corresponda, los derechos de las ciudadanas y ciudadanos gallegos residentes en el exterior. 'Todos los españoles residentes en el exterior repudiamos cualquier acción tendente a limitar el voto', afirma en la misiva.
La decisión de dejar a los emigrantes fuera de las elecciones municipales desencadenó un amplio debate y todo tipo de reacciones en las redes sociales de internet, en las que ya hay convocada una gran manifestación, prevista para el próximo 15 de mayo,a las 14,30 horas, ante la Embajada española en Buenos Aires.
Igualmente, Bande es uno de los municipios con más población en el exterior. Su alcalde, José Antonio Armada, aseguraba ayer que 'cuando retiras derechos a la gente, siempre es complicado. La decisión habría que analizarla un poquito más, porque hay muchos emigrantes que mantienen una estrecha relación con el ayuntamiento, lo visitan a menudo, tienen aquí a su familia y una vivienda, y conocen la realidad municipal', afirmó.
De hecho, uno de los actuales concejales de Bande, Alfredo Enríquez Badas, pasa largas temporadas como emigrante en Argentina, donde preside la Casa de Ourense. José Antonio Armada afirmaba ayer que mantendrá al edil y lo seguirá incluyendo en su lista electoral.
También su homólogo de Avión (otro concello como el de Bonorás con mucha población emigrante), Antonio Montero, apuesta por 'unha nova fórmula para as eleccións, xa que non é o mesmo unha persoa que leve 40 ou 50 anos sen voltar á súa terra, que outros emigrantes que a visitan tódolos anos'. Y el alcalde de Beariz, Manuel Prado, no ve lógico que se suprima el voto emigrante en las municipales y se conserve, sin embargo, en las generales y autonómicas.
Pero las cosas no las ve de igual forma el alcalde de la ciudad, Francisco Rodríguez, o el portavoz del PP, Enrique Nóvoa. Son regidores o aspiran a serlo de concellos donde la emigración tiene escasa importancia en el voto municipal. Los vecinos residentes, dicen, son los que deben decidir quién los gobierna. Esta decisión no puede quedar en manos de personas que nunca visitaron un concello, aseguraron.
Desde la constitución de las corporaciones democráticas, en 1977, el voto emigrante o de los residentes en el exterior nunca había decidido como en el caso de Pontedeva la elección de un alcalde, aunque en concellos donde la población censada pero residente en el exterior es muy elevada, pueden hacer ayudar y mucho en el triunfo de una u otra fuerza política; de ahí que alcaldes como los de Boborás, Avión, Beraiz, Bande o hasta Celanova miren con reservas la restricción aprobada el miércoles.
En Pontedeva, en 2003, un voto llegado de Argentina decidía si el PP de Eduardo Marquina tenía mayoría absoluta o se quedaba sin ella, en favor del cabeza de lista de una candidatura independiente. La Junta Electoral de Ourense se lo atribuyó al PP y la lista independiente recurrió la decisión, tras impugnar el voto. El caso llegó hasta el Tribunal Constitucional que anuló el acuerdo de la Junta Electoral y atribuyó el edil a los independientes, perdiendo el PP la mayoría. El alto tribunal aprovechó el fallo para sentar jurisprudencia.
La diáspora, indignada, anuncia movilizaciones
'Esto es un atropello. Nos vamos a acordar del Gobierno de Zapatero como el que nos quitó los derechos'. Estas son palabras de Francisco Ruiz, el presidente del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (el máximo órgano de representación de la diáspora española). El dirigente se mostró 'desolado' porque los emigrantes no podrán votar en las municipales. 'Nos prometieron más derechos, incluso una circunscripción propia y nos dejan peor que estábamos', afirma Ruiz, apuntando que sus compañeros en el Consejo 'están furiosos'.
Este colectivo supedita cualquier planificación de medidas o de movilizaciones a la reunión del Consejo General Exterior, que tendrá lugar precisamente en menos de un mes. 'No descarto que algún compañero proponga algún tipo de movilización ante el Congreso o la Moncloa', afirmó.
Lo que sí ya han decidido los representantes de los 1.325.248 emigrantes con derecho a voto es presentar al Gobierno central su programa de peticiones, el mismo que plantearon la semana pasada a los responsables de la Dirección General de Ciudadanía Española en el Exterior, en Madrid, en el que reivindican 'participar en todos los comicios, en igualdad de derechos que el resto de los ciudadanos y una circunscripción propia y proporcional al número de residentes en el exterior en el Congreso, además de la supresión del requisito del voto rogado, que hasta el momento sólo afectaba a las elecciones municipales.
Para María Teresa Michelón, del Consejo de Residentes Españoles en Buenos Aires (CRE), las intenciones de la Subcomisión parlamentaria de limitar el voto de los ciudadanos españoles en el exterior, 'nos relega a un plano de desigualdad con el resto de españoles'. Este colectivo aprobó por unanimidad una carta, que ya remitió al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, para que intervenga.
Pero no son estas las únicas reacciones. El Centro Gallego de Buenos Aires, el Centro Galicia en la misma ciudad, la Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina, la Unión de Asociaciones Gallegas y la Comunidad Gallega remitieron un escrito al secretario xeral de Emigración, Santiago Camba, en el que le solicitan que interceda y haga valer ante quien corresponda, los derechos de las ciudadanas y ciudadanos gallegos residentes en el exterior. 'Todos los españoles residentes en el exterior repudiamos cualquier acción tendente a limitar el voto', afirma en la misiva.
La decisión de dejar a los emigrantes fuera de las elecciones municipales desencadenó un amplio debate y todo tipo de reacciones en las redes sociales de internet, en las que ya hay convocada una gran manifestación, prevista para el próximo 15 de mayo,a las 14,30 horas, ante la Embajada española en Buenos Aires.
