La huelga de maestros hondureños cumple tres semanas con nuevas protestas

La huelga de maestros hondureños por cuestiones profesionales y laborales cumplió hoy tres semanas con nuevos actos de protesta en Tegucigalpa y otras zonas del país, pese a que fue declarada ilegal por el Gobierno.
El subdirector de la Policía Nacional, René Maradiaga, dijo a periodistas que grupos de manifestantes bloquearon al menos tres bulevares de Tegucigalpa.

Al menos dos carreteras, en el oeste y norte de Honduras, también han sido cortadas, según medios locales.

La jornada de protestas fue convocada en apoyo a los profesores por el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), integrado por seguidores del expresidente Manuel Zelaya, derrocado en 2009.

En las manifestaciones participan docentes, miembros del FNRP, estudiantes y sindicalistas de instituciones públicas, entre otros.

Los profesores, que declararon la huelga indefinida el pasado día 9, llevaron a cabo sendas marchas el lunes y martes en Tegucigalpa con una escasa participación.

El Gobierno de Porfirio Lobo reiteró hoy en un comunicado que serán suspendidos los docentes que no se reintegren a sus clases esta semana y serán despedidos aquellos que no lo hagan a partir del próximo martes.

Las actividades se han normalizado en el '90 por ciento' de los centros educativos del país tras la declaración de ilegalidad de la huelga el fin de semana, declaró a periodistas el ministro de Educación, Alejandro Ventura.

El presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, y los dirigentes de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH) celebraron el martes una reunión para abrir un diálogo sobre la ley de descentralización educativa, aunque fracasó.

Hernández y dirigentes de los huelguistas dijeron a periodistas que éstos últimos condicionaron el diálogo a la liberación de una veintena de maestros detenidos la semana pasada, acusados ante la justicia de protagonizar actos vandálicos en una manifestación.

La FOMH rechaza la ley por considerar que supone la privatización o municipalización del sistema educativo, lo que el Gobierno niega al afirmar que sólo conlleva el traspaso de ciertos programas y proyectos a las alcaldías y una mayor participación de los padres de familia en la educación de sus hijos.

La ley sólo ha sido aprobada en el primero de los tres debates parlamentarios, mientras el Congreso la mantiene en consultas con diversos sectores.

Los profesores también exigen al Gobierno el saneamiento de su fondo de pensiones, aunque rechazan una comisión interventora nombrada por Lobo que ya asumió el control de la institución.

Otra demanda es que se restablezca el alza automática de sus sueldos en el mismo porcentaje del aumento anual del salario mínimo, suspendida en 2010 como parte del programa fiscal del Gobierno.

Los maestros hondureños gozan desde hace unos 10 años de un estatuto especial que establece su régimen salarial y profesional.

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