Imanol Arias y Ana Duato, en el banquillo por fraude a Hacienda

La Audiencia Nacional celebra desde este martes el juicio por el “caso Nummaria” en el que se sentarán en el banquillo los actores Imanol Arias y Ana Duato, junto a otra treintena de acusados, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública.

La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado solicitan alrededor de 30 años de cárcel para ambos actores y también para el productor de la serie “Cuéntamé como pasó” y marido de Duato -Miguel Ángel Bernardeu- y la hermana del actor -Ana Isabel Arias Domínguez-, por presuntamente evadir impuestos a través de un despacho de abogados -Nummaria- dedicado supuestamente a construir y mantener una estructura jurídico-económica destinada a tal fin. En concreto, Anticorrupción reclama para Duato 32 años de cárcel, mientras que Arias se enfrenta a 27 años de prisión. Por su parte, la Abogacía del Estado -que representa a la Agencia Tributaria en el procedimiento- pide similares penas: 28 años para ambos y multas que suman aproximadamente 16 millones de euros.

Según un calendario provisional elaborado por el tribunal, se espera que la vista oral se alargue hasta el mes de septiembre durante aproximadamente 24 sesiones. En el auto de apertura de juicio oral, acordado en julio de 2020, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, imponía a Duato una fianza solidaria junto con otros tres acusados de más de 2,5 millones de euros en orden a la eventual indemnización a la Hacienda Pública por el IRPF defraudado correspondiente a los años 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 y 2017. En cuanto a Arias, el magistrado le imponía también fianza solidaria junto con otros seis acusados por valor de algo más de 2,4 millones de euros por el IRPF dejado de abonar entre los años 2010 y 2015.

El juez Moreno concluyó que el despacho Nummaria creó una estructura de sociedades “cuya única finalidad era la de evitar la tributación de los ingresos generados por su actividad profesional y mantener oculto el patrimonio acumulado de los beneficios que ésta les generó”. El escrito de acusación del Ministerio Público se dirige también contra cuatro entidades como responsables civiles y coloca en el centro de la trama para evadir impuestos al propietario del despacho Fernando Peña. Según Anticorrupción, Peña, “con el fin de evitar que las actividades ilícitas que realizaba” bajo la cobertura de la asesoría fiscal fueran detectadas, creó un entramado de sociedades españolas a la par que controlaba múltiples sociedades en Inglaterra, Costa Rica, Canadá, Uruguay o Luxemburgo.