El Gobierno tiene previsto aprobar el próximo mes de marzo un proyecto de ley para regular 'los cuidados paliativos y la muerte digna', según anunció el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien negó que se trate de legislar sobre la eutanasia.
Según Pérez Rubalcaba, con esta regulación se quiere garantizar los derechos de los pacientes, sus familiares y médicos y 'a morir dignamente', que es lo mismo que decir 'morir sin dolor'. Concretó que se abordaría en situaciones en las que el enfermo va a morir 'irremediablemente' y va a 'sufrir'. 'Simplemente, cuando alguien está terminal, quiere decir que está desahuciado clínicamente, por tanto que no tiene solución y lo que le espera por delante es un calvario antes de morir', aclaró Rubalcaba. Para estos casos, 'la medicina tiene mecanismos para que la muerte, que es inevitable, se produzca dignamente, es decir, sin sufrimiento', tanto para el paciente, como para sus familiares.
El ministro del Interior destacó que la ley sería similar a la de otros países de Europa y citó a la legislación francesa como 'una excelente regulación' y reiteró que 'no tiene nada que ver con la eutanasia'. 'La eutanasia es una decisión de alguien que sencillamente por la razón que quiera, porque está enfermo decide morirse', insistió.
'EUTANASIA ENCUBIERTA'
El anuncio por el Gobierno de un proyecto de ley que regule los cuidados paliativos y la 'muerte digna' fueron recibido como reconocimiento de 'derechos' por unos sectores sociales y una eutanasia encubierta por otros, mientras que ámbitos médicos piden que se consulte a los expertos para redactarla. El presidente de Derecho a Morir Dignamente, el doctor Luis Montes, entendió como positiva 'cualquier medida que garantice derechos de las personas en el proceso final de la vida', en la misma línea que la ley de muerte digna de Andalucía. Así, estimó que si la norma va a mejorar dicho proceso 'lo valora', aunque la cuestión es si se puede disponer o no de la propia vida, ya que, en una sociedad de derecho, 'es elemental la determinación, la voluntad de vivir y eso lo tiene que garantizar el Estado y el marco jurídico'.
Por el contrario, la organización Derecho a Vivir interpreta que el Gobierno 'quiere colar la eutanasia por la puerta de atrás' y, en su lugar, debería 'dotar de más y mejores medios' para que funcionen la ley de dependencia y los servicios de cuidados paliativos. Su presidenta, la doctora Gádor Joya, aseguró que la ley que aprobará el Ejecutivo 'es absolutamente innecesaria' y puede llevar a que el criterio del paciente esté por encima del médico, así que el profesional 'se vea en la obligación de acabar con la vida a petición'.
La asociación El Defensor del Paciente aclaró que no permitirá que ninguna norma se haga sin consenso y consentimiento del paciente o de sus familiares si éstos estuvieran incapacitados para decidir. 'La Constitución es muy clara y ni el Gobierno, ni los jueces, ni médicos, ni el Rey podrán anteponerse al deseo de decidir de los pacientes o familiares', insistió. Precisó que estará de acuerdo si se recoge el consentimiento para someterse a estos tratamientos con la información 'precisa y escrita'.
El ministro del Interior destacó que la ley sería similar a la de otros países de Europa y citó a la legislación francesa como 'una excelente regulación' y reiteró que 'no tiene nada que ver con la eutanasia'. 'La eutanasia es una decisión de alguien que sencillamente por la razón que quiera, porque está enfermo decide morirse', insistió.
'EUTANASIA ENCUBIERTA'
El anuncio por el Gobierno de un proyecto de ley que regule los cuidados paliativos y la 'muerte digna' fueron recibido como reconocimiento de 'derechos' por unos sectores sociales y una eutanasia encubierta por otros, mientras que ámbitos médicos piden que se consulte a los expertos para redactarla. El presidente de Derecho a Morir Dignamente, el doctor Luis Montes, entendió como positiva 'cualquier medida que garantice derechos de las personas en el proceso final de la vida', en la misma línea que la ley de muerte digna de Andalucía. Así, estimó que si la norma va a mejorar dicho proceso 'lo valora', aunque la cuestión es si se puede disponer o no de la propia vida, ya que, en una sociedad de derecho, 'es elemental la determinación, la voluntad de vivir y eso lo tiene que garantizar el Estado y el marco jurídico'.
Por el contrario, la organización Derecho a Vivir interpreta que el Gobierno 'quiere colar la eutanasia por la puerta de atrás' y, en su lugar, debería 'dotar de más y mejores medios' para que funcionen la ley de dependencia y los servicios de cuidados paliativos. Su presidenta, la doctora Gádor Joya, aseguró que la ley que aprobará el Ejecutivo 'es absolutamente innecesaria' y puede llevar a que el criterio del paciente esté por encima del médico, así que el profesional 'se vea en la obligación de acabar con la vida a petición'.
La asociación El Defensor del Paciente aclaró que no permitirá que ninguna norma se haga sin consenso y consentimiento del paciente o de sus familiares si éstos estuvieran incapacitados para decidir. 'La Constitución es muy clara y ni el Gobierno, ni los jueces, ni médicos, ni el Rey podrán anteponerse al deseo de decidir de los pacientes o familiares', insistió. Precisó que estará de acuerdo si se recoge el consentimiento para someterse a estos tratamientos con la información 'precisa y escrita'.
