El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) comenzó durante la jornada de este domingo la tarea de retirada de los vagones descarrilados en Sobradelo, una vez recibidos el pasado sábado los permisos de la Consellería de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica Miño-Sil. A lo largo de la mañana de ayer, los operarios desmontaron los vagones de la plataforma de la vía y el que estaba a punto de caer y se encontraban retirando el que había caído hasta la orilla del cauce del río Sil.
El equipo de trabajadores de Adif desmontó por piezas este vagón para subirlo con ayuda de las grúas de 80 toneladas que el pasado viernes eran trasladadas al lugar del suceso. Por otra parte, según informaba Adif al mediodía de ayer, "el vagón que estaba en la ladera fue retirado y elevado a la zona de la vía".
Subrayan en Adif que "durante las operaciones de recuperación se han adoptado todas las medidas de protección medioambientales", al tiempo que "se está verificando satisfactoriamente el estado del material que cayó a la ribera del río Sil, información que se pondrá a disposición de las demás administraciones competentes".
Agentes de la consellería de Medio Rural y del Seprona se encontraban controlando los trabajos
Durante la jornada de ayer, agentes de la Consellería de Medio Rural y del Seprona se encontraban controlando los trabajos, al tiempo que la propia Adif colocaba en el cauce fluvial una barrera para evitar la contaminación del río con posibles residuos.
La caída de los vagones se registraba el fin de semana del 2 de agosto, cuando tras un descarrilamiento del convoy de mercancias que circulaba por la vía a la altura de Sobradelo, y durante las tareas para retirar las estructuras de la vía, los operarios empujaron con una máquina dos de los vagones, uno de los cuales llegó hasta las aguas del río y otro quedó volcado en el terraplén entre la vía y el cauce del Sil.
Los hechos provocaron las quejas de la Xunta de Galicia y también de la Confederación Hidrográfica Miño Sil, que abrieron sendas investigaciones, así como de la práctica totalidad de grupos políticos. El Gobierno gallego propuso una multa de 35.000 euros para Adif y la Fiscalía de Ourense abrió diligencias para determinar si hay delito.
