El sacerdote barquense Ángel Sánchez Cao calificó el decreto del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica como “un compendio de imprecisiones e incoherencias que ofrece serias dudas para establecer con la debida certeza moral la existencia de los hechos considerados delictivos”, refiriéndose a las denuncias por abusos presentadas contra él. En un comunicado, se refirió al decreto cuyas conclusiones dio a conocer la Diócesis de Astorga y en las cuales condena al cura a la “prohibición de ejercer cargos que impliquen el contacto esporádico o habitual con menores de 18 años hasta el cumplimiento de los 80 años”, para en segundo lugar, revocarle por el mismo periodo de tiempo “la facultad de oír habitualmente confesiones”.
El cura, apartado del cargo de párroco de Veigamuíños (O Barco) en 2019, afirma que el decreto no es una sentencia y explicó seguidamente que es “una decisión tomada en un proceso administrativo”, para añadir que “no contiene ningún hecho sobre ‘abusos sexuales’, que más bien los descarta”.
Sánchez Cao anunció haber solicitado la revocación del decreto y, además, dio a conocer que presentará un recurso contra el mismo. Asimismo, insistió “una vez más” en afirmar su “total y absoluta inocencia sobre los hechos investigados”.
En el comunicado, el sacerdote barquense no descuidó tener palabras de agradecimiento para todas aquellas personas que lo apoyaron: “Agradezco enormemente la confianza, la cercanía y el apoyo manifestado en todo momento por los amigos, los sacerdotes, los feligreses de mis parroquias y de otras parroquias, los agentes pastorales (catequistas, coros, asociaciones…), padres y madres, niños y jóvenes, vecinos, etc…”.
La nota de este sacerdote de 68 años es respuesta al comunicado de la Diócesis de Astorga en el que, además de dar a conocer la condena del sacerdote, anunció su compromiso “en la lucha contra los abusos sexuales, de poder y conciencia, así como en la protección de los menores y personas en situación de vulnerabilidad”. En este escrito, también apuntó que el proceso iniciado contra Sánchez Cao finalizó “considerándose los hechos imputados ciertos”.
Astorga lamentó los hechos denunciados, que datan de finales de la década de 1970 y que ocurrieron en el seminario San José, de La Bañeza. Pidió perdón “por el grave daño causado a las víctimas en su desarrollo humano y cristiano” y mostró su respeto y acatamiento de las resoluciones canónicas.
Al vecino de Borrenes (León) Emilio Álvarez, que firmó una de las denuncias, tampoco le satisface este final y criticó haber sido informado del decreto con un guasap y una llamada telefónica. “Es indignante e insultante”, afirmó.
