La tramitación judicial encaminada a juzgar el crimen que le costó la vida a la joven vianesa Montserrat Martínez en abril de 2001 afronta su recta final tras la presentación por parte de las acusaciones de sus escritos de calificación provisional.
Tal como ya habían anunciado, el letrado que representa a los padres de la víctima, José Díaz Ocampo, reclamará al jurado popular que enjuiciará el caso una condena para Manuel Mouriño Faria de 20 años de cárcel por asesinato en base al carácter sorpresivo de la agresión, el lugar apartado en el que ocurrió y que anuló la capacidad de auxilio. Pero también agrava la petición de condena, según sostiene, el que la chica no muriese en un primer momento (el cadáver presentaba cuatro traumatismos en distintos puntos de la cabeza). En cuanto a la responsabilidad civil, la eleva a 600.000 euros para los padres y hermana de la joven.
Pese a que la Acusación Pública que ejerce Julián Pardinas califica los hechos de homicidio pide la máxima pena prevista por el Código Penal para esta infracción penal, 15 años de prisión. Asimismo, pretende, al igual que la acusación particular, que el acusado no pueda acercarse a menos de 30 kilómetros 'a la comarca de Viana do Bolo' durante 20 años. En cuanto a la indemnización, la cuantifica en 230.000 euros (180.000 para los padres de la fallecida y 60.000 para la hermana).
Para desmontar la tesis de la defensa, quien plantea que la muerte se produjo de manera fortuita -el procesado no pretendía matarla cuando la empujó- , el fiscal sostiene que la joven continuaba con vida cuando cayó y se golpeó la cabeza contra una banco de piedra, lo que provocó que sangrase abundantemente. Pero, lejos de socorrerla o pedir ayuda, 'la arrastró por suelo' con la finalidad de arrojarla al vacío desde una altura de unos cuatro metros. Todo ello, sostiene el Ministerio Público, para ocultar el cuerpo entre unos matorrales y de esta forma salvaguardar su propósito homicida.
La causa de la muerte, según determinó la autopsia, la provocó una hemorragia intracraneal, ocasionada por un traumatismo craneoencefálico grave.
La defensa, que aún no ha presentado su escrito de calificación, planteará ante el jurado una muerte por imprudencia (con penas entre un año y cuatro de cárcel).
Pese a que la Acusación Pública que ejerce Julián Pardinas califica los hechos de homicidio pide la máxima pena prevista por el Código Penal para esta infracción penal, 15 años de prisión. Asimismo, pretende, al igual que la acusación particular, que el acusado no pueda acercarse a menos de 30 kilómetros 'a la comarca de Viana do Bolo' durante 20 años. En cuanto a la indemnización, la cuantifica en 230.000 euros (180.000 para los padres de la fallecida y 60.000 para la hermana).
Para desmontar la tesis de la defensa, quien plantea que la muerte se produjo de manera fortuita -el procesado no pretendía matarla cuando la empujó- , el fiscal sostiene que la joven continuaba con vida cuando cayó y se golpeó la cabeza contra una banco de piedra, lo que provocó que sangrase abundantemente. Pero, lejos de socorrerla o pedir ayuda, 'la arrastró por suelo' con la finalidad de arrojarla al vacío desde una altura de unos cuatro metros. Todo ello, sostiene el Ministerio Público, para ocultar el cuerpo entre unos matorrales y de esta forma salvaguardar su propósito homicida.
La causa de la muerte, según determinó la autopsia, la provocó una hemorragia intracraneal, ocasionada por un traumatismo craneoencefálico grave.
La defensa, que aún no ha presentado su escrito de calificación, planteará ante el jurado una muerte por imprudencia (con penas entre un año y cuatro de cárcel).
