El pueblo acordó darle un tiempo antes de denunciar el corte del vial

San Vicente reclama a la Diputación una solución definitiva para la carretera

Señales prohibiendo la circulación en la carretera de San Vicente.
Los vecinos de San Vicente (Vilamartín) acordaron conceder un margen de tiempo a la Diputación para que informe acerca de sus planes para la carretera OU-807, que era cortada hace diez días, a causa del hundimiento de más de un kilómetro de calzada. Las señales de dirección prohibida no impiden que los vecinos sigan utilizando este vial.
El local de la antigua escuela rural del pueblo de San Vicente (Vilamartín) fue escenario de la última reunión de vecinos. Se desarrolló en la tarde del sábado 14 de marzo y asistieron 35 personas, que pusieron sobre la mesa la posibilidad de denunciar a la Diputación provincial por el corte de la carretera OU-807.

Este vial es la principal vía de comunicación de este pueblo de 132 habitantes con el resto del municipio. Hay una carretera alternativa, la que cruza el núcleo de O Mazo, pero su estrecha calzada, las numerosas curvas y su elevada pendiente hacen de ella una alternativa peligrosa para los usuarios.

“Acordamos dar unha marxe de tempo á Deputación”, explicó un vecino de San Vicente, después de la reunión vecinal. Añadió que el organismo provincial “quedou en responder”, compromiso que los vecinos confían en que sea cumplido.
Una vez que los vecinos tengan en su poder la respuesta del organismo que tiene las competencias acerca del vial defectuoso, los vecinos volverán a reunirse para decidir su postura.

En la actualidad, una de las opciones que baraja el pueblo es “poñer unha denuncia contra a Deputación por cortar a estrada”, según apuntó un vecino. Añadió que el pueblo urge una solución definitiva a las deficiencias de la carretera.

La OU-807 comenzó a deteriorarse en el año 1991 a causa de una cantera de pizarra, según apuntó el Concello. Ante estos desperfectos, el organismo local y la Consellería de Industria ordenaron su paralización. A finales de año, la polémica volvió a surgir, esta vez debido al uso de explosivos para evaluar la viabilidad de una explotación subterránea.

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