El acceso al pueblo de San Vicente de Leira (Vilamartín de Valdeorras) enfrenta una vez más a Diputación provincial y Concello. Sus 58 habitantes llevan meses obligados a hacer uso de una carretera municipal tras el cierre de la entrada principal, acordado por el organismo ourensano ante el peligro que entraña una inestabilidad de la ladera que lleva tres décadas deterirándola.
En los últimos días, el alcalde socialista, Enrique Álvarez Barreiro, planteó la posibilidad de reducir a menos de la mitad los 13 millones que, según el proyecto inicial, costaría la solución al problema, que para los vecinos pasa por el relleno de la vaguada por cuya parte inferior discurre el río Leira. A su vez, el diputado popular Pablo Pérez desestimó el escrito y solicitó un proyecto que avale la solicitud.
Enrique Álvarez trasladará al pleno del jueves una propuesta municipal que plantea asumir la titularidad de la carretera OU-0807, principal acceso a San Vicente, si la Diputación le entrega los 6 millones de euros que estima necesarios para su arreglo. El regidor valdeorrés ofreció la posibilidad de que esta suma sea aportada en anualidades de un millón. “Xa me encargarei dos proxectos e faremos a estrada”, dijo.
Propuesta
La propuesta del alcalde va aun más allá y expone que por solo 4 millones, 9 menos de los 13 que calcula la Diputación, resolvería el problema, actuando en los aproximadamente 300 metros que presentan más peligro. “Con 4 millóns o arranxamos”, afirmó Enrique Álvarez, que se quejó de que en el organismo provincial “queren castigar a un pobo”.
La petición que centrará el próximo pleno municipal vilamartinés ya fue debatida en comisión en la Diputación provincial, órgano al que la trasladó el diputado socialista valdeorrés, Aurentino Alonso, y que se encargaba de responder el diputado Pablo Pérez. Además de solicitar el proyecto que avale los 6 o 4 millones que plantea Vilamartín, el político popular aludió a una reunión con la pizarrera que debería rellenar la vaguada con sus residuos, lo cual rebajaría el coste a 6 millones, indicando que la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil prohibió realizar los vertidos desde la zona superior.
Pérez aludió al encarecimiento de los materiales al justificar la imposibilidad de aportar los 13 millones presupuestados, consideró que el arreglo de la carretera “é unha solución boa en canto non se poida arranxar a outra” y recordó que la opción de un puente, que costaría 2 millones, fue rechazada.
