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A JUICIO
Las quejas, que ya en junio de 2012 y enero de 2013 se tradujeron en una recogida de 300 firmas entre los vecinos descontentos con el servicio y con las tasas, dieron pie a un exhaustivo informe elaborado por parte del Seprona de la Guardia Civil de Lugo, incorporado en el tomo 99 de la causa, para tratar de esclarecer la actuación de la empresa concesionaria de Punxín, donde hace años se detectó la insalubridad del agua del abastecimiento en varios núcleos por culpa de la presencia de arsénico que se filtra del subsuelo así como sus efectos perniciosos sobre la salud.
Los vecinos, tal como recoge el sumario, responsabilizaron al alcalde, Manuel Vázquez, de inhibirse en el seguimiento de las prestaciones que debía realizar Aquagest, según el contrato suscrito, por "inexistente en unos casos y en otros deficientes". La comisión vecinal trasladó a la magistrada que el regidor se "limitaba a autorizar el pago de la subvención sin control previo del cumplimiento por parte de la empresa de las prestaciones".
La investigación articulada en torno a la Pokemon, en este caso, trata de determinar si políticos de ese Concello (no hay ninguno imputado) pudieron tratar de beneficiar a la empresa Aquagest a cambio de favores.
Así, los vecinos relataron ante la jueza que la empresa contrató a un hijo del anterior alcalde, Alfredo Cruz, pero que quedó en el paro cuando el PSOE perdió las elecciones. Ahora es concejal de la oposición y apoya, según dicen, las reivindicaciones vecinales.
De Lara, en la comparecencia de la comisión vecinal, preguntó por la existencia de entregas de dinero a políticos o funcionarios en ese Concello por parte de la concesionaria, pero a los vecinos "no les consta".
Aquagest, según consta en el sumario, obtuvo 111.971 euros entre 208 y 2011 en concepto de ingresos en Punxín. El contrato administrativo de gestión de agua potable y saneamiento le fue adjudicado el 12 de diciembre de 2009, iniciándose el servicio el 1 de enero de 2010. Fue adjudicado mediante procedimiento abierto por una modalidad de concesión administrativa por un periodo de 25 años.
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