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La situación en la que han quedado las fincas afectadas por la anulación de la construcción de la variante de Verea, dentro de la segunda fase del eje de comunicaciones Ourense-frontera portuguesa, centraba recientemente una reunión mantenida entre el regidor local, Juan Antonio Martínez, y el jefe de la Dirección xeral de Estradas.
El alcalde del Partido Popular señaló al término de la misma que la intención del Gobierno gallego para un conjunto de pequeñas fincas que han quedado fuera de la concentración parcelaria y en algunos casos sin accesos, "pasa por llevar a cabo un nuevo decreto de expropiación que revierta esa franja de terreno a la administración haciéndose cargo de su mantenimiento", asegura Martínez, quien añadía que "también quedó claro que la cantidad que se había cobrado como fianza (un 10% del valor de la finca) quedaría a modo de compensación por los inconvenientes causados en este tiempo, eximiendo así el pago de intereses".
En la actualidad, y mientras no se lleve a cabo el proceso de expropiaciones, las fincas son propiedad y responsabilidad de sus dueños, si bien hace unos meses la Consellería de Infraestruturas confirmaba su intención de llevar a cabo las labores de limpieza y mantenimiento de las mismas con el objetivo de prevenir incendios.
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