Los avicultores denuncian una concertación de precios

Esgrimiendo un informe con fotografías y tickets de compra, García consideró que el este hecho es 'muy evidente'. Actualmente, el kilo de pollo en distintas cadenas de supermercados, nacionales e internacionales, ronda los 2,20 euros con diferencias de uno o dos céntimos. Hace apenas cuatro meses, se vendía unos 20 céntimos más barato, pero con la misma uniformidad de precio, refleja el informe.

El sindicato agrario considera que hay 'concertación ilegal' de precios para utilizar el pollo como 'producto reclamo', pero también que se está 'vendiendo a pérdidas'. Y es que, como ha detallado, sumados los costes de alimentación, crianza, matadero, transporte e impuestos, un kilo de esta ave ronda los 2,45 euros.

'Es muy difícil de explicar, si funcionara el libre mercado y la competencia, que pueda haber venta a pérdidas en toda la distribución, en las miles de tiendas de toda España, y en todas al mismo precio', ha sostenido, para sentenciar: 'Si no hay concertación, que venga Dios y lo vea'.

García precisó que el sindicato demanda que 'el precio que se paga por los productos agrarios no pueda estar por debajo del de producción', advirtiendo que esta práctica obligará al cierre de muchas granjas y empresas, o a 'hacer prácticas que atenten contra la seguridad alimentaria'.

Según el sindicato, estas prácticas de 'hundir los precios' han provocado en el sector en Galicia pérdidas por encima de los 34 millones de euros. De este importe, una gran parte se corresponde a la provincia de Ourense, según aseguró, ya que en ella la producción 'pivota' en torno a la cooperativa avícola Coren. Añadió que Louriña, en Pontevedra, se encuentra en concurso de acreedores, y que otras 50 granjas gallegas 'tienen todas sus entregas de pollo sin cobrar' y atraviesan 'muchas dificultades'.

García criticó también la falta de actuación de la Xunta, pese a que su presidente, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que 'no iba a permitir que la distribución emplease productos agrarios como productos reclamo'. El representante sindical precisó que 'llevamos pidiendo reuniones por escrito desde abril' a la conselleira de Medio Rural, Rosa Quintana.

El secretario xeral de UU.AA. precisó que el propósito de la denuncia no es que se impongan 'sanciones económicas' a la distribución, sino 'romper una situación que puede convertirse en irreversible'.

Con los datos aportados, los sindicatos agrarios esperan que el Consello Galego da Competencia abra un expediente para comprobar su veracidad y, 'si ve base de delito, abrir un expediente sancionador'. Esperan que este caso pueda resolverse en Galicia, sin que intervenga el Tribunal de Defensa de la Competencia, porque 'sería una forma de meter el tema en un cajón y que sea mucho más lento', concluyó.