Baltar pide al Gobierno una “negociación urgente” para tratar las demandas locales y provinciales

El presidente de la Diputación de Ourense y miembro de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Manuel Baltar, pide al Gobierno de España una “negociación urgente” con la FEMP para elaborar un real decreto que sea justo con las necesidades reales de los municipios y provincias ante las graves repercusiones de la pandemia. Baltar afirma que “mientras los socialistas se quedan solos en la isla de la desunión, sin puentes para el diálogo, el resto de las fuerzas políticas demostramos que por encima de los colores políticos están los intereses de los municipios y las provincias”.

El presidente de la Diputación de Ourense defiende que en plena pandemia del covid-19 “reclamamos unidad, fortaleza y defensa de las economías locales y provinciales, para colaborar en la recuperación económica de familias, autónomos y empresas, y demanda un decreto “en el que se incluyan los dos fondos de ayudas directas: uno incondicionado y otro para la financiación del transporte urbano, que la Junta de Gobierno de la FEMP reclamó unánimemente el pasado 22 de mayo. En este sentido, defiende que los ayuntamientos y diputaciones puedan disponer libremente de los remanentes acumulados durante los últimos años, para poder destinarlos a los proyectos y políticas que determine en función de sus necesidades”.

Criterios de ruralidad

Manuel Baltar defiende que en estos momentos, más que nunca, “deben tenerse en cuenta “criterios de ruralidad”, pensando “en los municipios más pequeños, en el reto demográfico y en la conectividad de las personas que viven en estos territorios. La población nunca debe ser un número”.

Asimismo, considera insuficiente el nuevo real decreto de ayudas a entidades locales contra los efectos del covid-19, cuyo borrador ha presentado el Ministerio de Hacienda. “La no convalidación del anterior real decreto por parte del Congreso evidencia que era un mal acuerdo, que vulneraba la autonomía financiera de las entidades locales y establecía una inadmisible exclusión de los ayuntamientos que no disponen de remanente del reparto de los fondos provenientes de los Presupuestos Generales del Estado”. Unos criterios que Baltar critica porque “no eran justos ni solidarios y perjudicaban gravemente a cientos de miles de habitantes de muchos municipios y provincias, creando un evidente agravio”.