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SUCESO
El Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Ourense desestimó el recurso de una profesora de la Facultad de Educación que pedía una remuneración de 30.000 euros más intereses a la Universidad de Vigo (Uvigo) por los 18 meses que asegura haber seguido "trabajando" mientras cobraba la pensión de jubilación, a razón de 2.875 euros mensuales.
El juez ve la situación "verdaderamente surrealista", ya que la recurrente, catedrática de lengua española, fue cesada forzosamente el 30 de agosto de 2014, al haber sobrepasado los 70 años y una vez que la Uvigo rechazó su petición para ser "catedrática emérita".
En vez de haber abandonado el despacho al día siguiente, las pruebas aportadas ponen de manifiesto que se "atrincheró" en él, en palabras del juez, situación que se mantuvo en el tiempo, pese a carecer de vínculo jurídico con la institución.
Mientras, continuó ejerciendo su labor de docente e investigadora en diversos programas de doctorado, pese a estar cobrando la totalidad de la pensión contributiva. La recurrente aducía que hacía tareas de "catedrática emérita" sin percibir la "correspondiente retribución", por lo que alegó ante la universidad en julio de 2016, sin pedir una cantidad concreta. Al no recibir respuesta, solicitó su estimación por "silencio administrativo".
La Secretaría Xeral de la Uvigo emitió un informe el 23 de noviembre de 2016 en el que cuantificó en 3.000 euros los honorarios a percibir por la profesora, considerando que ejerció de "colaboradora externa", algo que refrenda la sentencia, al probar "cierto" que impartió alguna clase y realizó colaboraciones en programas de doctorado.
Esta situación "anómala" obliga a la Uvigo, según el magistrado, a realizar una investigación interna "para depurar responsabilidades" por la posibilidad de haber incurrido en "grave dejación de funciones", al no expulsar del despacho a la profesora tras su jubilación, y en todo el tiempo transcurrido desde entonces, pudiendo llegar a constatarse la existencia de "responsabilidades penales".
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