El plan de viviendas vacías fija 350 euros de alquiler máximo

El Concello de Ourense y la Consellería de Vivenda firmaron ayer el convenio para que la ciudad se convierta en la primera de Galicia en poner en marcha la creación de una bolsa de viviendas vacías destinadas a los colectivos en situación de vulnerabilidad, un programa que será compatible con otras ayudas públicas, y que fija un alquiler tope de 350 euros mensuales y un contrato máximo de tres años. El acuerdo, fruto de la colaboración entre el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) y la Fegamp, fue sellado ayer en el Concello por el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, y la conselleira de Vivenda, Ethel Vázquez.

Ambos destacaron la "gran importancia" de este convenio, que persigue "facilitar o acceso á vivenda ás persoas máis necesitadas", señaló Ethel Vázquez. El Concello se compromete, con este acuerdo, a movilizar los inmuebles y coordinarse con la Xunta en la gestión de altas y bajas en el registro de viviendas vacías, seleccionar a los arrendatarios y adjudicar los pisos. Por su parte, el Gobierno gallego incluye una serie de garantías para los propietarios -un seguro multirriesgo del hogar y otro de garantía de cobro de la renta que incluye asistencia y defensa jurídica- durante 24 meses.

Uno de los requisitos para beneficiarse de este alquiler social será tener unos ingresos anuales entre 1 y 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), baremo público que mide las rentas familiares para acceder a ayudas, pero también acreditar la percepción de ingresos para hacer frente al pago al dueño del piso. Aproximadamente, el alquiler que se deberá abonar no podrá ser superior al 30% de los ingresos.

Entre los colectivos que tendrán preferencia para optar a este programa, se incluyen las familias numerosas, con hijos menores o monoparentales; mujeres víctimas de violencia de género; o familias afectadas por procedimientos de ejecución hipotecaria o desahucios.

Tanto el alcalde como la conselleira hicieron un llamamiento a particulares, empresas o bancos que cuenten en la actualidad con pisos vacíos para que incorporen sus inmuebles a este programa. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística reflejan que alrededor de un 20% de viviendas de la provincia se encuentran desocupadas.