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Una nueva sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ourense da la razón a sindicatos del Concello en su petición de anulación del capítulo de Personal del presupuesto municipal aprobado en 2020. Interpuesto en este caso por CSIF y SAP, ambas organizaciones consideran que más allá de esa decisión, quedan en entredicho también los pasos que el gobierno local dio en materia de contratación el pasado ejercicio.
Así, CSIF entiende que incorporaciones como la del city manager, Francisco Cacharro, o el director del Centro de Inteligencia Artificial, David Olivieri, o la incorporación de asesores al gabinete de Alcaldía estarían “en el aire”, así como las ofertas públicas para contratar bomberos y policías.
Los sindicatos se reservan la posibilidad de exigir “responsabilidades patrimoniales” a los responsables de las decisiones y exigen al gobierno que negocie con los trabajadores.
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