El editor de La Región achaca la trifulca con Jácome a sus insultos

¿Estaba Jácome ejerciendo funciones propias de su cargo como alcalde en el Auditorio Municipal la tarde del 9 de septiembre de 2023 o bien se encontraba allí como un ciudadano particular? Esa fue la cuestión que centró ayer el debate en la Audiencia Provincial, donde se juzgó un incidente ocurrido entre Jácome y Óscar Outeiriño, editor del diario La Región.

Este debate resulta fundamental en este proceso judicial, ya que la Fiscalía alude a un presunto delito de atentado a la autoridad. El propio Jácome, en su declaración, admitió que el evento que se celebró aquel día en el Auditorio no fue organizado por el Concello de Ourense y que aquel día no estaba realizando ningún acto de representación institucional.

Según dijo, se encontraba trabajando como alcalde porque “estaba controlando que todo estuviese bien”. Entre las funciones que explicó que ejercía era comprobar que se formen las colas adecuadamente o controlar que la apertura de puertas se haga correctamente. Además, aseguró que acudía a “prácticamente todos” los eventos que se celebraban, aunque, preguntado por uno en concreto, la gala +Deporte, afirmó que no.

Asimismo, especificó que aquel día en el Auditorio había presencia de Policía Local, pese a ello, según él, se puso a realizar las labores mencionadas. “No deja de sorprender a esta representación que el alcalde de la tercera ciudad de Galicia vaya a revisar los enchufes del sonido de un concierto que ni siquiera fue organizado por el Concello”, razonó el abogado de la defensa.

Jácome explicó que ese día acudió acompañado de dos personas, una de ellas Rafael Martínez. La declaración del primero de ellos, en la que exhibió por momentos cierto nerviosismo y se definió a sí mismo como “concejal incompetente”, comenzó con sorpresa, ya que preguntado por el magistrado si tiene amistad íntima con alguna de las partes, una de ellas es Jácome, manifestó que no.

El resto de su declaración fue en la línea de la de su jefe, asegurando que ese día iban a supervisar al inicio del evento que todo fuese bien y, entre los motivos por los que acompaña al alcalde, mencionó que es profesor de música y experto en música, sonido y luces.

Enemistad entre ambos

Otra de las cuestiones que se debatió es si la mala relación que ambos tienen es producto de la llegada de Jácome a la Alcaldía o es anterior a este hecho, aunque la declaración de ambos fue bastante clara respecto a este aspecto. Outeiriño subrayó que Jácome lleva desde principios de los 2000 usando su televisión, Auria TV, para decir “de manera obsesiva” que la familia de Outeiriño está en la quiebra y que él es un drogadicto, “de manera totalmente injustificada”. “Ese señor tiene obsesión con nosotros, conmigo especialmente”, afirmó. En este sentido, recalcó que la relación entre ambos es mala “desde hace muchos años” y que ya tuvieron denuncias previas, incluso hace más de una década.

Asimismo, Outeiriño reconoció en el juicio que aquel día en el Auditorio obró mal y recordó que se disculpó en aquel momento por haber golpeado a Jácome. En este sentido, atribuyó esta reacción a las constantes provocaciones que sufre por su parte.

Jácome coincidió en que ambos se llevan mal desde mucho tiempo atrás y que no es algo reciente. De hecho, mencionó un incidente que tuvieron ambos ocurrido hace más de una década, cuando él todavía no era alcalde. “La relación era muy mala ya de atrás”, afirmó a preguntas de la fiscal. Al respecto, en respuesta a su abogado, especificó que la enemistad comenzó cuando entró en “el terreno político, al principio con la crítica política con la televisión y luego como político profesional”. En este sentido, cabe señalar que Auria TV, su televisión, fue fundada en el año 2003.

La Fiscalía pide dos años de prisión y una multa de ocho meses (a razón de diez euros diarios) por atentado a la autoridad, y una multa de tres meses (a razón de diez euros diarios) por un delito leve de lesiones); la acusación particular eleva la petición a dos años y medio de cárcel y la defensa insta la libre absolución al considerar que no existe atentado a la autoridad.

Ahora los magistrados de la Audiencia Provincial tendrán que debatir sobre estas cuestiones expuestas y tomar una decisión.