El exalcalde de Ourense mantuvo la ayuda a domicilio para mantener el servicio a más de mil usuarios

El exalcalde socialista de Ourense Francisco Rodríguez (entre 2007 y 2012) ha explicado que mantuvo durante once meses la ayuda a domicilio con la empresa UTE Troncoso, a pesar de la resolución de contrato con la empresa y de los reparos del interventor, para mantener el servicio "a más de mil usuarios".

Rodríguez ha acudido a los juzgados de Ourense en calidad de investigado en la causa de ayuda a domicilio, para explicar por qué durante 2011 se mantuvieron los servicios de la empresa, a pesar de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) había anulado la concesión en noviembre de 2010.

Tras cuarenta minutos de declaración, Rodríguez ha manifestado sentirse "tranquilo" y ha considerado que queda "completamente aclarado" el por qué se tardó once meses en resolver un recurso y por qué se levantaron los reparos del interventor del Ayuntamiento.

Para el exedil no mantener el servicio hubiera supuesto dejar sin servicio a "un colectivo sensible de más de mil personas mayores con problemas y discapacidades".

También ha defendido que el hecho de no pagar a UTE Troncoso durante los once meses que mantuvo este servicio tras la resolución del contrato hubiera supuesto que la empresa "no pudiera pagar a la gente" e incluso "no poder prestar el servicio".

Respecto a los once meses que se tardó en presentar un nuevo concurso, el exalcalde ha defendido que "a veces los pliegos duran mucho tiempo", porque "hay que tener disponibilidad de personas y técnicos" encargados de la redacción, "someterlos a informes varios" y contar con los tiempos de publicación en distintos boletines.

Proceso

Además, en este caso ha señalado que "a mitad del procedimiento" hubo una empresa que presentó una alegación al equipo técnico, lo que "obligó a volver otra vez atrás" y reiniciar el proceso.

Por otra parte, Rodríguez ha defendido que los reparos "son una potestad que tiene el alcalde, para no incurrir en un delito de enriquecimiento ilícito".

En este sentido, ha explicado que "cuando los técnicos y la concejala con competencias" (Marga Martín) demostraron que el servicio se había prestado en las condiciones establecidas "no queda más remedio que pagar".