El hombre que mató a una joven en Viana en 2001, juzgado ahora por maltratar a su esposa

CRIMEN DE VIANA

Está acusado de agredir a su mujer, con la que inició una relación a los cinco años del homicidio

M. Sánchez
Publicado: 19 ene 2025 - 02:00 Actualizado: 19 ene 2025 - 16:51
Mouriño, en el juicio celebrado en diciembre de 2013 en la Audiencia de Ourense. | Foto: Miguel Ángel
Mouriño, en el juicio celebrado en diciembre de 2013 en la Audiencia de Ourense. | Foto: Miguel Ángel

Aunque pasaban los años y el culpable no aparecía, el fiscal de Violencia de Género de Ourense, Julián Pardinas, nunca pudo olvidarse de la muerte violenta de la vianesa de 21 años Montserrat Martínez en la madrugada del Viernes Santo de 2001. Mientras, la Policía Judicial de la Guardia Civil desempolvaba el sumario cada poco tiempo. Por eso, cuando nueve años después fue detenido el autor del homicidio, Manuel Mouriño Faria (hoy tiene 43 años), los investigadores y la fiscalía no ocultaron su enorme satisfacción. La constancia había dado sus frutos.

En la resolución del caso, fue clave la conducta agresiva del culpable tras el crimen. Residía en Ibiza cuando se encendieron las alarmas porque su pareja lo denunció por violento. La Guardia Civil lo acorraló nuevamente hasta que confesó con matices. Aseguró que la muerte había sido accidental cuando, a la salida de un pub, la golpeó sin querer cuando ella lo sorprendió con un beso en el cuello.

En diciembre de 2011, fue sentenciado a once años de cárcel por la magistrada que presidió el tribunal popular que lo juzgó. En abril de 2021 zanjó sus cuentas con la justicia, pero no tardó mucho en volver a sentarse delante de una jueza, la de Violencia de Género del partido judicial de Ourense, por la denuncia interpuesta por la mujer con la que se casó en diciembre de 2019. Ya habían iniciado una relación sentimental en 2006 -fueron padres en 2008-, pero se terminó cuando fue condenado por golpear brutalmente a la joven vianesa cuando estaban juntos en un parque, arrojándola después a un descampado con maleza, en donde murió oculta entre las zarzas.

La instrucción de la denuncia interpuesta el 10 de marzo de 2023 por la supuesta violencia ejercida contra su mujer acaba de concluir, dándose traslado a los juzgados penales para señalar el juicio. El representante del ministerio público reclama una pena de siete años de cárcel por cuatro delitos de maltrato en el ámbito de la violencia de género y otro más de amenazas, dentro de un contexto en el que el fiscal incluye como víctima a la hija de ambos por el temor que se trasladó a la convivencia familiar.

La acusación pública, en su escrito de calificación provisional, describe una relación matrimonial caracterizada por los comportamientos machistas del inculpado, y una víctima atrapada en la violencia, vejaciones, menosprecios y amenazas. Asegura el fiscal, que recriminaba a la denunciante “la mala gestión del dinero, obstaculizando su acceso al mercado laboral”. No faltaron los golpes, según relató ella en el juzgado. “La acometió físicamente en varias ocasiones, dándole bofetadas, golpes, patadas y puñetazos”, recuerda el fiscal.

Enumera para argumentar la petición de condena cuatro episodios. Uno, en febrero de 2021, en la cocina del domicilio conyugal, en el que, según sostiene, Mouriño Faria arañó la cara de su mujer. En el verano de 2022, enmarca un puñetazo en la cara mientras ambos estaban en la cama. “La empujó haciendo que cayera al suelo y, una vez que estaba en el suelo, le propinó patadas en la espalda y en la cabeza”, describe Pardinas Sanz. Añade “un fuerte puñetazo en la nuca” en el curso de una discusión el 27 de mayo de 2023. Basa la acusación por amenazas en un hecho presuntamente acaecido el 6 de junio de 2023: “Le envió un mensaje de Whatsapp con un icono de una escopeta abierta, introduciendo el cartucho en la misma y agarrándola por el gatillo con la otra mano”. Y un lacónico mensaje: “No podemos esperar que dios haga todo”.

La jueza que instruyó el caso prohibió al investigado, en junio de 2023, aproximarse a su mujer e hija así como a comunicar con ellas. El fiscal en su petición eleva a 12 años el alejamiento e incluye una indemnización de 8.000 euros para la esposa y 5.000 para la hija por el maltrato sufrido.

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