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El Ingreso Mínimo Vital, herramienta creada en plena pandemia por el Gobierno central como complemento para los más necesitados, sigue mostrando insuficiencia. Mientras los beneficiados por Cáritas en 2020 fueron más de 20.000 ourensanos y en años anteriores, con una dinámica económica mejor, siempre se superaba el umbral de las 12.000 personas atendidas por año, el IVM apenas muestra una cobertura de una cuarta parte de esta población.
Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, los hogares ourensanos que reciben esta prestación, un total de 1.370, cobran de media 459,70 euros, una cifra prácticamente igual que la que se da a nivel nacional (459,95 euros). En total, de la prestación se benefician en esos hogares 3.334 ourensanos, de los cuales 1.345 son menores.
Las cifras que muestra este Ingreso Mínimo se alejan mucho del que entidades sociales como Cáritas ofrecen sobre la necesidad de los ciudadanos. En todo caso, y según estos mismos datos que ofrece el Gobierno, el 66,6% de todas la peticiones que los ourensanos realizaron para cobrar esta prestación han sido rechazadas. Es decir, de las 4.100 peticiones resueltas, un total de 2.730 se echaron abajo.
En total, se tramitaron 5.727 expedientes, por lo 1.627 están todavía en fase de resolución.
El ministerio asegura estar trabajando “para llegar al mayor número de beneficiarios de la prestación, de acuerdo a los requisitos previstos”. El pasado mes de febrero se modificó el real decreto, flexibilizando el acceso a determinados colectivos que ahora están siendo rechazados por incumplir requisitos de unidad de convivencia, en particular, por su situación de empadronamiento, como las personas sin hogar.
El Ingreso Mínimo ha llegado a un poco más de personas que la Renda de Inserción Social de Galicia (Risga), que, según los datos a 1 de enero de 2020, cobraban 1.082 ourensanos.
La Xunta comenzará el próximo trimestre la reforma de la Lei de Inclusión Social para compatibilizar la Risga y el IMV, uno de los mayores problemas surgidos en los últimos días. Más de 2.000 gallegos que han cobrado durante 10 meses tanto la Risga como el Ingreso Mínimo tendrán que devolver la renta gallega, al ser incompatiblecon otras prestaciones, según la actual normativa. La conselleira de Política Social, Fabiola García, se comprometió a modificar la ley, pero advirtió de que para ello es “imprescindible” que la normativa del IMV sea “estable”, pues lamentó que se cambió una docena de veces en un año. “Legalmente no tenemos ninguna otra opción” que solicitar la devolución de los que cobran las dos ayudas a la vez, afirmó García, recalcando que se han dado facilidades como 30 meses de plazo para devolver las cuantías. Además, se analiza condonar la deuda de hasta 3.400 euros para familias especialmente vulnerables y con menores a cargo.
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