A juicio por integrar un grupo criminal para hurtos en hipermercados

Un supuesto grupo criminal organizado incluyó Ourense para ejecutar un plan de acción que ya habría ensayado en otros lugares: apoderarse de costosos aparatos electrónicos en los centros comerciales. Según la fiscalía, José Manuel M.B. (37 años), Juan Antonio R.S. (33), Víctor M.P. (25) e Isabel F.P. (34), junto a una quinta persona que no ha podido ser identificada, formaban equipo para hurtos de productos caros.

Los inculpados -sostiene la acusación pública- constituyen un grupo organizado dedicado a las sustracciones en grandes centros comerciales. Según su opinión, "actuaban de forma conjunta y organizada, con una planificación previa de la forma para la comisión del delito, tanto en cuanto a la labor a desarrollar por cada uno de ellos durante su ejecución como en la posterior salida del centro comercial con los objetos sustraídos".

Serán juzgados el día 9 de este mes en el Penal 1 por hurto y pertenencia a grupo criminal. Están acusados de apoderarse de siete tablets y otras tantas consolas valoradas en 3.096 euros el 3 de mayo de 2014 a las dos del mediodía en el Carrefour de A Valenzá. A este hipermercado llegaron en un Wolkswagen Golf. En un primer momento, entraron Víctor e Isabel y acto seguido, los otros dos acusados junto a una tercera persona no identificada. Los acusados echaron al carro de la compra los productos electrónicos que les interesaban. Para no pasar por caja y que no se activaran la alarmas, dice el acusador público, acudieron a la zona de probadores y les arrancaron los sistemas electrónicos de seguridad.

Una vez realizada esta operación, una parte de los acusados abandonó el centro comercial mientras vigilaban los probadores. Los primeros -añade el fiscal- regresaron con bolsas para introducir las tablets y consolas. Acto seguido, se subieron al vehículo estacionado en el aparcamiento.

En la petición de penas, se pide un año y dos meses por el hurto y seis meses más por pertenencia a grupo criminal. En el caso de José Manuel M.B. e Isabel F.P., oriundos de la República Dominicana y en situación irregular, el ministerio público es partidario de sustituir las penas por la expulsión del territorio español durante ocho años.