Los juzgados de Ourense tocan techo: 16.400 asuntos sin resolver

Los órganos judiciales ourensanos comenzaron el otoño, antes del inicio de la huelga de abogados y procuradores del turno de oficio, con 16.448 asuntos pendientes de resolución, un 18,5 % más que en el mismo periodo de 2022, tal como revelan los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial correspondientes al tercer trimestre del año. Desde 2014, el periodo desde que hay datos del CGPJ, nunca se había arrastrado tanto pleito sin resolver.

Los juzgados pasan por su momento más complicado al que no son ajenas las dos grandes movilizaciones de este año: primero, la de los letrados de la administración de justicia y ahora, la de los letrados y procuradores del Turno de Oficio.

La tasa de congestión en ese trimestre de estudio, el cociente entre asuntos pendientes, registrados y resueltos, se incrementó hasta el 10,1%.

Entre julio y septiembre, en Ourense ingresaron 7.504 asuntos (un 2,2% menos que en 2022) y se resolvieron 6.874 (4,3 % más). La tasa de litigiosidad en la provincia, es decir, el número de procedimientos por cada 1.000 habitantes, fue de 24,6, por debajo de la autonómica, que se situó en 28,9 y la del Estado, 34,5.

La situación en Galicia

En cuanto al conjunto de Galicia, se registraron en el tercer trimestre de este año 78.150 nuevos asuntos, lo que supuso un aumento del 3,9% con respecto al mismo periodo del pasado año. Aumentaron las demandas civiles y los recursos ante el Juzgado Contencioso-Administrativo, pero descendieron las denuncias penales y los asuntos ante los cuatro juzgados sociales. Los juzgados y tribunales gallegos comenzaron octubre con 192.492 procedimientos en trámite, un 19,3% más que en la misma fecha del año anterior. Además, se resolvieron 69.190 asuntos, un 5,4% más que entre julio y septiembre de 2022.

De esta forma, en el tercer trimestre de 2023 el ingreso de procedimientos, en comparación con las mismas fechas de 2022, aumentó en todas las jurisdicciones, a excepción de la Social (-3,6%). En Civil, un 6,7%; en Penal, un 2,2%; y en la Contencioso-administrativa, un 15,9%.