Nuevo incendio en las naves “okupas” de Río Arnoia: seis en un año

En las instalaciones en desuso de la empresa ferroviaria Adif en el número 30 de la calle Río Arnoia arde sobre ardido. Para los bomberos del parque ourensano ya es un servicio frecuente el tener que acudir allí a sofocar incendios, sobre todo desde el pasado verano.

Las naves que otrora fueron un almacén de cementos y ahora acogen a personas sin hogar arden cada poco tiempo. Según fuentes de los bomberos, en lo que va de año “hemos ido allí unas seis veces”. Ayer ocurrió de nuevo a las 10.35 horas. El fuego prendió en dos colchones que estaban en la parte superior de la nave. El intenso humo obligó a salir rápidamente a los “inquilinos”, alguno entre lágrimas.

Los bomberos tardaron poco más de una hora en sofocar el incendio, pero no así el cabreo de los vecinos del barrio de O Vinteún. Según comenta alguno de ellos, “la inseguridad en el barrio aumentó desde que los okupas se hicieron con ese espacio; hay más robos y peleas”.

La preocupación por la sucesión de incendios ha llegado al Juzgado, al Concello y hasta el Congreso de los Diputados a través de los diputados del PP. El Gobierno asegura que “no ha autorizado ni consentido la ocupación ilegal de las instalaciones”, responsabilizando de los daños y desperfectos causados “a las personas que habitan en su interior”. La ocupación es para Adif -sostiene el Gobierno central- un problema porque le impide “la implantación de unas dependencias destinadas al mantenimiento ferroviario”.

La entidad denunció a varias personas que estaban en el interior de las instalaciones, identificadas por la Policía Nacional de Ourense el 3 de octubre de 2023. “Hasta la fecha no se ha recibido comunicación alguna sobre la denuncia presentada y tampoco consta en el Juzgado Decano de Ourense procedimiento penal abierto sobre este asunto (la última consulta fue a principios del mes de julio), por lo cual se desconoce el trámite policial posterior seguido a la interposición de la denuncia”, asegura el Gobierno en la respuesta dada a los diputados del PP.

Ante la falta de resolución a la ocupación ilegal por la vía penal, Adif optó por abrir la vía civil. El pasado 5 de julio solicitó a la Concellería de Política Social del Concello de Ourense un informe de vulnerabilidad, un requisito previo que establece la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil para la admisión de las demandas que persigan la recuperación de la posesión de una finca.

El cierre perimetral de las naves que solicitan los vecinos podría acometerse “en cuanto este asunto esté resuelto judicialmente y se haya ejecutado la orden de desalojo”. Los legítimos titulares de la parcela entienden que sin una sentencia que ordena el desalojo “no existe respaldo legal”.

Restaurada la posesión de Adif sobre el inmueble, se compromete a “ejecutar las tareas de conservación y mantenimiento que sean necesarias”.