La operación Guitarra se salda con 7 investigados, 4 en Ourense, por maltrato animal y simulación de ataques de lobo

El Equipo ROCA de la Guardia Civil de Celanova en el marco de la operación Guitarra en colaboración con UPRONA (Unidad de Protección a la Naturaleza) Ourense, los inspectores veterinarios de salud pública, de la dirección territorial de la Consellería de sanidad de la Xunta de Galicia y Servicio de Ganadería de la Jefatura Territorial de Ourense de la Xunta de Galicia, toma declaración en calidad de investigadoa 7 personas, 4 vecinos de Ourense, un vecino de Lugo, un vecino de Pontevedra y un vecino de A Coruña.

En total se le suman un total de 49 delitos, siendo 40 de ellos de falsedad documental y 9 de usurpación de estado civil.

La investigación se inició en marzo de 2024, a raíz de una denuncia presentada en la Guardia Civil, por una serie de irregularidades que se realizaron en granjas de bovino que estarían relacionadas con dos empresas cárnicas.

En estas granjas, ubicadas en Ramirás y A Gandarela, se relatan en la denuncia los siguientes extremos.

• Maltrato de los animales en la explotación.
• Medicación de los animales sin prescripción veterinaria por parte de los propietarios de las granjas.
• Tratamiento inadecuado de los animales, una vez fallecidos se entierran en el abono o inmediaciones de las explotaciones.
• Compra de animales e introducción en la explotación desde Portugal, sin documentación alguna.
• Simulación de ataques de lobo a ovejas que mataban los propios perros de los dueños de la granja, falsificando el trámite con agente medioambiental.
• Uso indebido de crotales de animales, al ser extraídos de animales fallecidos que se enterraban en el recinto, y colocándolos en animales vivos.
• Sacrificio de animales en la propia explotación, sin garantías sanitarias, para posteriormente ser vendidos a vecinos particulares de la zona, e incluso el traslado de la carne a la sala de despiece para la venta en carnicerías de la localidad de Ourense denominadas Cárnicas Parente. Tal como ha aclarado la Guardia Civil a los medios, ninguno de los implicados en el marco de la operación Guitarra pertenece a la empresa cárnica: "De los siete investigados ninguno pertenece a Cárnicas Parente. Si bien se inmovilizó y destruyó la carne incautada fue por desconocimiento de la trazabilidad. Se realizaron análisis y la carne era apta para el consumo", aseguró el Instituto Armado.

"Afectados, no implicados"

Al trascender la noticia, los responsables de la empresa Cárnicas Parente mostraban su malestar al verse citados en relación a esta trama. Pese a haberlo clarificado el Instituto Armado, La Región contactó con sus responsables para conocer su postura. "Veunos unha inspección de Sanidade en marzo deste ano, na que se levaron mostras de carne para analizar e o resultado de todas esas mostras dio que a nosa carne estaba apta para o consumo humano. Pero dado que tardaron en contestar, nós decidimos desechar esa carne por decisión propia. O único que atoparon foi un problema administrativo de etiquetado no que nós tiñamos algunhas pezas sen etiquetar por unha caída da rede. As pezas estaban selladas, totalmente localizadas pero ao non ter etiqueta foi a única sanción que nos chegou", afirma Paula Vázquez, administradora gerente de Cárnicas Parente.

Desde esta cadena de carnicerías de Ourense insisten en que ninguno de los siete investigados tienen relación con la trama y que nadie vinculado a la empresa ha sido llamado para declarar en el marco de la operación Guitarra. "Traballamos con diversos proveedores de carne que non están sendo investigados, unha cousa é a trama e outra cosa é Carnes Parentes. Nós non estamos nesa trama, non se nos chamó para declarar como testigos nin como investigados".

Inspecciones en origen, en las explotaciones

Tras tener conocimiento de estos hechos la Guardia Civil procedió al inicio de la investigación, realizando inspecciones en las explotaciones anteriores y otra más relacionada que se detectó con las mismas prácticas en una localidad cercana a O Carballiño.

En estas se detectaron diversos crotales de animales sin ningún tipo de amparo a efectos de identificación, registro de vehículos del denunciado, así como del entorno comercial del mismo, aportando datos a la investigación de los mismos el organismo competente.

El Servizo de Ganadería de la Xunta de Galicia emitió un informe sobre todo lo mencionado anteriormente, en el que comunica varias irregularidades de las explotaciones mencionadas, que tras el estudio y cotejo de los datos recibido en el Equipo ROCA se detectaron en las mismas numerosos delitos de falsificación de documento público y usurpación de estado civil, realizados tanto de forma presencial en oficinas agrarias comarcales como en el servidor de la oficina virtual de ganadería.

Además se detectó la pérdida de trazabilidad de varios animales de otras explotaciones, pudiendo incurrir en un delito contra la salud pública, ya que algunos de los ahora investigados realizaban guías de movimientos de animales desde la explotación de origen sin llegar estos nunca a destino y pasar a paradero desconocido. Estas guías se emitían sin autorización ni consentimiento de los propietarios de las explotaciones de origen sospechando que estos animales acabasen en la cadena alimentaria con el debido riesgo sanitario.

El día 25 de junio se realizaron de forma simultánea, inspecciones en cuatro establecimientos con veterinarios de la Consellería de Sanidad de carnicerías en la localidad de Ourense, así como en su sala de despiece en el Polígono de Barreiros de Ourense, detectando en ellos que sobre 1000 kg de carne dispuestos para la venta al público no disponen de documentación alguna, por lo que son intervenidos y propuestos para destrucción por este organismo al no garantizar su trazabilidad para la seguridad alimentaria.

La Guardia Civil concluyó la operación con la investigación de siete personas, tras realizar intercambio de información con los organismos competentes, y realizar inspecciones en explotaciones y establecimientos, así como tomas de manifestación de propietarios de explotaciones afectadas que usaban sus datos para hacer movimientos de animales de forma fraudulenta al no dar su autorización o usar sus claves en la plataforma del Servicio de Ganadería.