OUeC acudirá a la vía judicial por ver "irregularidades" en los contratos de las pantallas digitales

El grupo Ourense en Común, con tres concejales en la corporación municipal de Ourense, ha anunciado este jueves su intención de acudir a la vía judicial y a la Fiscalía por presuntas irregularidades por parte del gobierno municipal en la instalación de las pantallas digitales en la ciudad por modificaciones en las cláusulas del pliego técnico, lo que obligaría a iniciar el expediente.

En una comparecencia de prensa celebrada este jueves frente a la casa consistorial, el concejal de Ourense en Común Martiño Xosé Vázquez ha avanzado la decisión de su grupo de acudir al contencioso-administrativo tras mostrar sus "serias dudas" sobre el proceso de contratación del pliego de condiciones técnicas para la adjudicación del contrato de mantenimiento y explotación publicitaria del mobiliario urbano.

En declaraciones a los medios, ha denunciado "graves irregularidades" por parte del gobierno municipal en el expediente de contratación en el cual cree "que se beneficia a una empresa".

Asimismo, ha cuestionado la modificación del pliego de contratación "ya resuelto" sin que exista cláusula que lo permita y también el cambio de ubicación de varias pantallas digitales para colocarlas "en zonas y con orientaciones contrarias a los informes de seguridad diaria y sin atender a las recomendaciones de Patrimonio", "incumpliendo" el informe de la Policía Local.

El pliego recogía que las pantallas se iban a ubicar en Ervedelo, Xardín do Posío, parque de San Lázaro y plaza de Abastos; sin embargo, finalmente, se ubicaron en la calle Progreso, Curros Enríquez, avenida Pardo de Cela y Saénz Díez, junto al centro comercial, estas dos últimas en el foco de la polémica por posibles incumplimientos de las ordenanzas municipales.

En la misma línea que la expresada por el grupo socialista PSOE, esta formación asegura que dicha modificación debería llevar consigo aparejada la nulidad del contrato para proceder a una nueva convocatoria para su adjudicación en función de otro pliego.

Por este motivo, Ourense en Común ha solicitado "la paralización" de todo el expediente "hasta que se resuelvan todas y cada una de estas anomalías" y que, según Vázquez Mato, "pone en riesgo la seguridad viaria".

Haciendo un repaso por este expediente, este grupo ha recordado que el ayuntamiento adjudicó en 2016 el contrato a la empresa Inca y, posteriormente, la excluyó "al no cumplir los requisitos de solvencia técnica" adjudicándose el contrato a Trans Europe.

Con posterioridad, el contencioso-administrativo estimó el recurso formulado por la primera empresa donde anulaba dicha resolución "por ser contraria a derecho".