Al parricida huido pudo haberle ocurrido alguna "fatalidad", dice Prisiones

Instituciones Penitenciarias asegura que "no está en cuestión" los permisos penitenciarios tras los últimos quebrantamientos de condena -uno de los últimos ha sido el de Fernando Iglesias Espiño, un preso que cumplía condena por triple parricido en Pereiro-, ya que, según los datos que manejan en el organismo dependiente del Ministerio del Interior, tan sólo el 0,37% de los 120.000 permisos autorizados de media al año,

sin contar los concedidos durante los fines de semana, acaban con el interno en paradero desconocido.

En el expediente de Iglesias Espiño, condenado por matar a su mujer y dos hijos y que quebrantó el permiso cuando le restaban por cumplir tres de los 25 años de condena, figuraba que tenía problemas con el alcohol desde los seis años. "Aún así pasó todos los controles y seguimos sin saber qué ha pasado; lo mismo ha ocurrido alguna fatalidad", apunta.

"Las estadísticas son absolutamente favorables para la concesión de permisos, el fracaso es ínfimo; no están cuestionados los permisos, que son uno de nuestros mayores valores como instrumento de rehabilitación", explica la subdirectora general de Medio Abierto y de Penas de Instituciones Penitenciarias, Miriam Tapia, que reconoce cierta "sorpresa" por la alarma generada por casos ocurridos en las últimas semanas por el quebrantamiento de condenas de presos con delitos por violación y asesinato.

Esta criminóloga con amplio currículo en Instituciones Penitenciarias subraya que el 99,63% de los permisos se desarrollan con normalidad, es decir, con el interno de vuelta al centro penitenciario. De ahí que entienda que es necesario defender su validez, de acuerdo al mandato de la Constitución en lo relativo a la finalidad reinsertadora de las penas.

Tapia defiende que la ley penitenciaria española se asimila a los países nórdicos, llegando a arrojar mejores cifras globales en los tratamientos en prisión. Además, recuerda que los permisos de hasta 36 días al año están supeditados a un informe preceptivo individualizado que pasa por la junta de tratamiento y valida el juez de vigilancia penitenciaria.