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La empresa considera falsas las acusaciones de la CIG y las enmarca dentro de una campaña de desprestigio contra el PP y el Concello de Verín por ceder las instalaciones. Es más, recalcan que el sindicato, de detectar alguna irregularidad, debería denunciarla en el juzgado y no en los medios de comunicación, máxime cuando Pazo de Carregal, según aseguran, 'es una empresa apolítica'.
La CIG considera que la empresa accedió a la lonja agropecuaria por una 'módica renta' con el objetivo de contratar vecinos. Según la formación sindical, Pazo de Carregal, lejos de contratar trabajadores, obliga a los que tienen a realizar 'xornadas de ata 12 e 18 horas para rematar cobrando 300 euros mensuais'.
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