Los profesionales sanitarios de Ourense hablan sobre el aborto

Estos tres profesionales aportan su punto de vista sobre la situación del aborto en el área sanitaria de Ourense.

Esther Álvarez, jefa del servicio de Ginecología y Obstetricia del área sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras

“Es más fácil garantizar la confidencialidad en Vigo”

La jefa de los ginecólogos del área, que recuerda que existe una ley que dice que las mujeres tienen derecho a la confidencialidad, opina que “una paciente que viene aquí a hacer una IVE, y Ourense es una ciudad pequeña, va a pasar por tantos sitios, entre anestesistas, enfermeras, auxiliares, celadores y ginecólogos, que aquí la confidencialidad quedará más vulnerada que si van a Vigo y vuelven”, dice. “No le veo demasiado problema a que tengan que ir a Vigo porque el traslado lo paga el Sergas. Creo que le hacemos un favor a la gestante”, concluye.

José Luis Doval, primer médico que practicó un aborto legal en Galicia y exjefe de Ginecología del área sanitaria

“Se hacen más abortos de lo que dicen las estadísticas”

Pionero en practicar el aborto legal en Galicia en 1985, José Luis Doval, ex jefe de Ginecología, asegura que “las cifras oficiales no son reales ni aquí en ninguna parte del Estado porque no se registra todo el complemento burocrático. Se hacen muchos más abortos en la pública de lo que dicen las estadísticas oficiales”. Doval señala que hay comunidades en las que no se hacen abortos ni en la pública ni en la privada, como Navarra. “El aborto sigue siendo un tabú para la sociedad y las estructuras sanitarias, que piden estadísticas que no sirven para nada”, critica.

Alberto Fidalgo, Presidente del Comité Deontológico del Colegio de Médicos de Ourense

“La nueva ley de salud sexual crea un registro de objetores”

Fidalgo asegura que la objeción de conciencia “es un derecho individual, de cada médico; no puede declararse objetor un servicio entero o un hospital. Y tampoco puede ser oportunista: hoy objeto; mañana, no”. Este facultativo asegura que hay comunidades autónomas que dificultan que en sus hospitales públicos se practiquen abortos. “La prueba evidente es el retroceso que se puede producir en Castilla y León. La nueva Ley de Salud Sexual crea un registro de objetores necesario para que cada hospital sepa con qué personal puede contar”, añade.