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La conselleira de Infraestructuras y Movilidad, Ethel Vázquez, ha reclamado al Gobierno central que cambie los criterios para distribuir los fondos europeos "Next Generation" para lograr un "reparto justo" y equilibrado.
Vázquez ha expresado su descontento con el método de repartición este martes, antes de participar en un encuentro con varios alcaldes de la provincia de Ourense. Según afirma la conselleira, Galicia "sale mal parada" en el reparto porque no se tienen en cuenta la mayoría de ayuntamientos pequeños.
La responsable de Infraestructuras y Movilidad explica que esa "arbitrariedad" de los plazos y criterios "no permite avanzar" en infraestructuras importantes en la provincia y ha citado la situación de las autovías Ourense-Lugo, Ourense-Ponferrada, la modernización del tren Ourense-Vigo o la parte ferroviaria de la Intermodal.
En palabras de Ethel Vázquez, los criterios fijados "no atienden en absoluto a las singularidades y peculiaridades de Galicia". La comunidad "cuenta con más de la mitad de núcleos de población de España" y sin embargo, la distribución de fondos deja fuera al "97,8% de ayuntamientos gallegos".
En la repartición priman las inversiones en los municipios de 50.000 habitantes, lo que también "deja fuera a la mayor parte de ayuntamientos de España" según la conselleira.
Además, los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes establecen condiciones difíciles de cumplir para percibir la ayuda económica.
Ethel Vázquez se ha mostrado preocupada ante la Xunta por loas pautas establecidas por el Ministerio y ha cuestionado que el Gobierno central se reserve el 78% de los recursos europeos para "actuaciones propias". Esta distribución deja a las autonomías con un 9% de los fondos y a los ayuntamientos con un 13%.
En cuanto a los plazos, la conselleira ha criticado que mientras el Ministerio dispone hasta 2026 para la ejecución de las obras realizadas con estos fondos, el resto de administraciones -Xunta y Ayuntamientos- deben tenerlas finalizadas a finales de 2024.
La Xunta ha remitido este martes al Gobierno central la declaración institucional "Por un rural fuerte y conectado" en la que 153 ayuntamientos han hecho referencia al reparto de los fondos Next Generation reclamando un reparto equilibrado de los recursos.
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