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Los inquilinos afectados culpan al Concello de no haber actuado de oficio en la Avenida de Pontevedra
En aras de la seguridad de las personas. Sobre esta premisa fundamenta el Concello de Ourense la decisión de desalojar el edificio situado en el número 3 de la avenida de Pontevedra, y que ha abocado al cierre de cuatro negocios, provocando así el malestar de sus titulares.
Ya el martes, cuando se hizo efectivo el precinto del inmueble, la edil de Urbanismo, la socialista Áurea Soto, justificó en un informe técnico del aparejador municipal la necesidad urgente del desalojo, dado el riesgo de colapso y hundimiento del edificio por el estado de la cubierta, ya que desde 2002 existía una sentencia (aunque no es firme) del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ourense que decretaba su ruina.
El teniente de alcalde y responsable del casco histórico y de la zona PERI, Alexandre Sánchez Vidal, suscribió ayer las razones esgrimidas por la titular de Urbanismo, advirtiendo que o Concello fixo o que tiña que facer, aseverando que ya en la época de gobierno del PP se lle ordenou á propiedade que fixese as obras necesarias de reforma, pero non o quixo facer para chegar así ao estado de ruina e non ter que indemnizar aos inquilinos. En este sentido, señaló que éstos non presentaron demanda civil contra os propietarios, e ahí non entra o Concello.
También recordó Sánchez Vidal las numerosas negociaciones con los inquilinos que fruc tificaron en una prórroga del desalojo y que fueron los jueces los que en todo momento instaron al Concello a preservar la seguridad de las personas con respecto al estado del edificio, e neste caso, foi de forza maior, polo que apoio totalmente a Áurea Soto. Concluye el teniente de alcalde advirtiendo que se un xuiz asume as responsabilidades do que poida pasar e dicta unha orde de desprecinto será o único xeito de que cambiemos de parecer, pero hai que lembrar que os informes técnicos son demoledores.
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