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TRIBUNALES
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha acordado admitir a trámite la querella presentada por la exedil de Urbanismo Áurea Soto y el abogado externo Carlos Hernández contra un juez de Ourense por un presunto delito de prevaricación, informaron hoy fuentes judiciales
La sala de lo civil y de lo penal del TSXG ha admitido así el procedimiento contra el titular del Juzgado de instrucción 1 de Ourense, Leonardo Álvarez, aunque, según el fallo, ello no supone admitir que "sean constitutivos de delito ni de constatar ahora la concurrencia de los elementos del tipo del delito de prevaricación que, según el parecer de los querellantes, constituyen los hechos relatados".
Soto fue acusada de un delito de prevaricación en la concesión de licencias de un complejo urbanístico y un aparcamiento en la plaza de San Antonio, por lo que presentó su dimisión en enero de 2015, al abrirse juicio oral cuando ocupaba la Concejalía de Urbanismo de Ourense, en virtud del código ético de su partido.
Sin embargo, Soto fue absuelta en enero pasado por el Juzgado de lo penal 2 de Ourense y, tras el juicio, la exedila presentó una querella contra el juez decano, por entender que actuó en connivencia con la acusación particular y la Fiscalía en la que le acusaba de haber falsificado la fecha en un auto en la causa que posteriormente le llevó al banquillo de acusados.
En el escrito facilitado por fuentes del TSXG, el magistrado sostiene que la admisión a trámite de una querella "no exige la constancia acreditada de lo que afirma, sino la posible relevancia penal de los hechos que contiene".
En este caso se incardina "al menos indiciariamente, en la comisión de un delito de prevaricación", y todo ello "conlleva indefectiblemente" la admisión de la querella, añade.
En el juicio, Soto había acusado al magistrado de impulsar la causa que la llevó al banquillo después de haber falsificado la fecha en un auto.
El TSXG señala que la querellante era concejala del Ayuntamiento de Ourense entre el 11 de julio de 2007 y el 12 de enero de 2015, período durante el cual se tramitó con el despacho de abogados de Hernández un expediente favorable a la legalización de la plaza de San Antonio.
El Juzgado de instrucción número 1 de Ourense, siendo titular del mismo el magistrado querellado, incoó diligencias previas, conforme al cual el grupo Democracia Ourensana interpuso denuncia contra Soto y el abogado como presuntos autores de un delito continuado de prevaricación en concurso con otro de malversación de caudales públicos.
Álvarez dictó auto de apertura de juicio oral, ante las críticas de ambos que le acusaron de haber "falsificado una fecha" en el auto en un juicio que calificaron de "político".
La Fiscalía del TSXG pidió el archivo del caso, que ahora sigue su tramitación.
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