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Los juzgados ourensanos recibieron en los nueve primeros meses del año un total de 655 denuncias por violencia de género, más que, por ejemplo, todo el 2015, lo que evidencia el crecimiento en los últimos años. 194 se concentraron en el primer trimestre, 229 en el segundo y 232 en el tercero. Esto supone que de media cada día se interpusieron 2,47 denuncias, pese a lo cual la provincia sigue por debajo de la media nacional.
En este sentido, la evolución muestra como entre julio y septiembre se incrementaron un 3,11% respecto al tercer trimestre del año anterior y un 54,66% frente a 2023. De hecho, en este periodo, es el tercer peor año en la última década en número de denuncias, solo por detrás de 2020 (marcado por la pandemia de coronavirus) y 2022. Así lo reflejan los datos publicados en el “Informe trimestral sobre violencia de género”, elaborado por el Consejo General del Poder Judicial.
De esta forma, en el tercer trimestre del año se registraron 177 víctimas de violencia de género, de las cuales 137 son españolas y 40 nacieron en el extranjero. La mayoría de los atestados policiales en estos casos se originan por la propia denuncia de la víctima ante los cuerpos policiales, aunque también hay un número significativo (41) que se producen por una intervención directa de los agentes y menos común es que comiencen por la alerta de un familiar de la persona afectada.
Casi la totalidad de los delitos que ingresaron en los juzgados relativos a la violencia sobre la mujer son por lesiones (hay al menos una asistencia facultativa) y malos tratos (puede no haber lesión), Respecto al segundo caso, se pueden producir ocasionalmente o habitualmente, siendo estos últimos mayoritarios en los delitos ingresados en el juzgado en el tercer trimestre, según la estadística del CGPJ. También destacan los quebrantamientos de medidas -como órdenes de alejamiento o prohibición de comunicarse con la víctima- o contra la libertad -amenazas, coacciones o acoso-.
Sin embargo, Ourense es la provincia con menos porcentaje de condenas. Del total de personas enjuiciadas en el tercer trimestre de este año solo fueron declaradas culpables el 56,5% (68,43% en el cómputo del año), muy lejos del resto de Galicia, donde ninguna de las otras tres provincias baja de un 94%. Además, se sobreseyeron provisionalmente 102 procedimientos por no resultar justificada la perpetración del delito. Ya en 2024, el porcentaje de condenas fue similar. Según la memoria de la Fiscalía, se dictaron 406 sentencias, 243 condenatorias (97 por conformidad) y 163 absolutorias.
Una cuestión muy importante para que prospere una denuncia es la declaración de la víctima, la cual suele constituir la prueba de cargo principal en estos procedimientos. En el tercer trimestre del año, en la provincia hubo 11 perjudicadas que decidieron acogerse a la dispensa a la obligación a declarar como testigos. En cuanto a las órdenes de protección de las víctimas, fueron incoadas 53, adoptándose en 33 de los casos medidas y en 20 fueron denegadas las peticiones. En la mayoría de casos se impuso al denunciado la prohibición de acercarse y comunicarse con la afectada.
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