La Xunta rescinde el contrato para el Centro de Discapacidad de Ourense

Las obras del Centro de Atención a Personas con Discapacidad (CAPD) mayores de 21 años en Barrocás siguen sin salir del atolladero provocado por el alza de precios de materiales de construcción, que llevó a la UTE Construcciones Alea-Proforma Ejecución a detener los trabajos en septiembre para tratar de negociar un nuevo presupuesto con la Xunta y se enredan todavía más.

Si hace unas semanas, fuentes de la Consellería de Política Social aseguraban ser “moderadamente optimistas”, la secretaría xeral técnica del departamento autonómico, María Francisca Gómez Santos, desvelaba ayer en el Parlamento en una interpelación de la diputada del BNG Noa Presas que el Gobierno gallego ha abierto ya un expediente de rescisión del contrato de obra con las empresas adjudicatarias, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con ellas.

“Esgotadas todas as opcións de continuar a actuación, a consellería ten aberto o expediente de resolución do contrato e xa temos informes”, señaló Gómez Santos, añadiendo que, en paralelo, ya se está recalculando el importe del proyecto para encontrar un nuevo adjudicatario, que tendrá que hacerse cargo de los más de 6,2 millones (se adjudicó por casi 7,7 millones) que restan por ejecutar, “ó que facilmente haberá que sumarlle un 30% de sobrecusto dada a enorme carestía de materiais, combustible e electricidade”.

La alto cargo de Política Social explicó la situación del proyecto en un momento en que, si se hubiesen cumplido los plazos, el CAPD debería haberse finalizado este mes, motivo que llevó al BNG a exigir explicaciones y una hoja de ruta para conocer los planes autonómicos.

“Hai obras da Xunta que avanzan e non foron bloqueadas, é unha nova falta de compromiso do goberno do PP”, dijo Noa Presas durante la comisión parlamentaria, recordando que el proyecto lleva desde 2016 sobre la mesa y que Ourense es la única provincia gallega sin un centro de estas características.

La nacionalista también aprovechó para exigir una gestión directa cuando empiece a funcionar y pidió explicaciones de por qué no se ha comprado todavía el equipamiento. María Francisca Gómez defendió que pese a la falta de un CAPD, “existen recursos diurnos e residencias”, y se reafirmó en que el centro será de titularidad pública, sin entrar en si se ejercerá directa o indirectamente.

Sobre el equipamiento del centro, la alto cargo del departamento de Política Social explicó que “non se licitou porque tecnicamente hai que esperar a ter a obra bastante avanzada, xa que doutro xeito existiría risco de deterioro e a compra sería antieconómica, xa que se trata de materiais en continua evolución”.